La Comisión Nacional de los Derechos Humanos sí presentó una acción de inconstitucionalidad contra la reforma al Código Penal de San Luis Potosí en materia de uso de la inteligencia artificial, mientras que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí no ha informado públicamente si promovió el mismo recurso o si se desistió de hacerlo.
La acción fue registrada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un día después de que venciera el plazo constitucional. De acuerdo con los expedientes 130/2025 y 132/2025, ambos con fecha del 19 de diciembre de 2025, la SCJN admitió a trámite las acciones promovidas por la presidenta de la CNDH y dio vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del estado para que rindan su informe en un plazo de quince días hábiles.
Asimismo, el máximo tribunal ordenó notificar a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, además de requerir al Congreso del Estado de San Luis Potosí la entrega certificada de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas.
Previo a la presentación del recurso, la CNDH emitió un pronunciamiento el 15 de noviembre, en el que exhortó al Congreso local a revisar y debatir la reforma que adiciona el Artículo 187 Ter y el capítulo denominado “Uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social”. En ese documento, el organismo advirtió que conceptos como “alarma pública”, “paz social”, “seguridad del estado” o “confianza en las instituciones” carecen de precisión jurídica y pueden abrir un amplio margen de interpretación, con riesgos de censura y represión.
Si bien la Comisión reconoció la gravedad de prácticas como la manipulación digital de imágenes, audios y videos, así como la obligación del Estado de prevenir y sancionar la violencia digital, alertó que figuras penales ambiguas podrían inhibir el debate público y vulnerar el derecho a la libertad de expresión.
También señaló que, aunque la reforma contempla exclusiones para fines periodísticos, académicos, artísticos o de crítica política, estas excepciones podrían trasladar indebidamente la carga de la prueba a periodistas, personas defensoras de derechos humanos y usuarias de redes sociales.
En este contexto, periodistas y defensores de derechos humanos entregaron oficios de respaldo tanto a la CNDH como a la comisión estatal, solicitando la interposición de la acción de inconstitucionalidad. Hasta ahora, la CEDH de San Luis Potosí no ha fijado una postura pública sobre si acompañó el recurso o decidió no presentarlo.
