Desde una cárcel del Estado de México, Alma Abigail Salazar Castillo responde el teléfono con la voz entrecortada. Una compañera le prestó una tarjeta para poder contar cómo el 28 de abril de 2023 su vida y la de su familia cambió de manera irreversible, luego de acudir al domicilio de una vecina que le debía dinero y que la había citado para devolvérselo.
Salazar, de 41 años, fue detenida ese día por policías vestidos de civil y trasladada a la Fiscalía sin saber el motivo. En septiembre de 2024, fue condenada a 40 años de prisión por el delito de extorsión, al ser acusada de exigir 1,000 pesos, cantidad que —según su versión— correspondía a una tanda, un sistema informal de ahorro basado en la confianza. En febrero de 2025, tras una apelación, la pena fue reducida a 10 años, aunque su defensa busca la libertad inmediata.
Una acusación sin pruebas materiales
De acuerdo con Carlos Olvera, uno de los abogados defensores, el caso se sostuvo únicamente en el dicho de la denunciante.
“Del lado de la víctima no había pruebas. La policía no presenció ni escuchó ninguna extorsión. Solo señalaron: ‘es esta señora’, y se la llevaron”, explicó.
La reducción de la condena, añadió, no se debió a la revisión de las pruebas, sino a un criterio de proporcionalidad.
“No se corrigió la injusticia, solo se reconoció que la pena era desproporcionada para el monto que se le atribuye”.
Madre, albañil y sostén de su familia
Alma Abigail ha trabajado por más de una década en albañilería. Es madre de tres hijos, hoy de 20, 19 y 17 años, a quienes ha sostenido incluso desde prisión. Su voz se quiebra al hablar de ellos. La mayor, dijo, abandonó su sueño de estudiar biología marina para cursar Derecho penal, motivada por la experiencia de su madre. Los otros dos dejaron la escuela tras la secundaria para poder trabajar.
La detención: miedo, golpes y confusión
La detención ocurrió en Teoloyucan, Estado de México, frente a la casa de la vecina que la había invitado a la tanda. Salazar acudió acompañada de su hija, entonces de 16 años.
“Llegaron hombres armados, vestidos de negro, nos jalonearon. Yo solo les pedía que no se llevaran a mi hija”, relató.
Durante el traslado, asegura haber sido golpeada, amenazada e incomunicada, creyendo incluso que se trataba de un secuestro.
“No sabía qué era una extorsión hasta que llegué al penal”, recordó.
Una narrativa oficial cuestionada
La Fiscalía del Estado de México sostuvo que Salazar acudió a exigir “cuotas” y lanzó amenazas. Sin embargo, la defensa señala contradicciones graves: en una primera declaración, la denunciante dijo no conocer a Alma; en un dictamen psicológico posterior, la identificó como vecina y se refirió a ella como “Abi”.
Además, nunca se acreditó la existencia de los supuestos cómplices que, según la acusación, acompañaban a Salazar en las amenazas.
Falta de perspectiva de género
La abogada Mariel Avendaño, parte de la defensa, subrayó que el caso fue analizado sin perspectiva de género.
“La autoridad ignoró que las tandas son una práctica común entre mujeres, especialmente en contextos de precariedad. No se evaluó la dinámica social ni económica en la que ocurre”.
La pena original de 40 años se justificó al considerarse extorsión agravada, ya que en el Estado de México la sanción aumenta cuando la víctima es mujer, incluso sin analizar la relación previa entre ambas.
Un proceso marcado por omisiones
La defensa también denunció que, en los primeros meses, la familia fue víctima de una abogada que cobró sin realizar una defensa efectiva. El caso fue retomado posteriormente con el acompañamiento de la organización Mujeres Unidas por la Libertad A.C.
Tras dos años y nueve meses en prisión, Alma Abigail solo pide justicia.
“Aquí hay muchas personas inocentes. Afuera hay quienes realmente extorsionan y matan, y siguen libres”, dijo.
Actualmente, su defensa promovió un amparo directo ante el Cuarto Tribunal Colegiado del Estado de México, donde se revisará la legalidad de la sentencia de apelación en los próximos meses.
