sábado, enero 25, 2025
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Condenan a ex Presidenta Cristina Fernández

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La ex Presidenta y líder del peronismo opositor Cristina Fernández de Kirchner fue condenada el miércoles a seis años de prisión por fraude al Estado por un tribunal superior de Argentina, que también la inhabilita para ocupar cargos públicos.

La decisión de la Cámara Federal de Casación Penal podría ser apelada por Fernández, dos veces Mandataria entre 2007 y 2015 y Vicepresidenta de 2019 a 2023, en un caso conocido como «Vialidad» en el que se la acusa de favorecer a un empresario amigo al otorgar obras públicas.

Una multitud de militantes rodeó el tribunal para protestar contra un fallo que la exmandataria consideró que tiene intencionalidad política. «El verdadero objetivo es proscribirme de por vida», señaló en un texto en la red X.

La medida no implica que la peronista pierda su libertad o deba abstenerse de aspirar a un cargo público en los meses venideros, ya que tiene previsto apelar el fallo ante la Suprema Corte, que puede tardar años en pronunciarse.

Fernández recibió a fines de 2022 la condena de cárcel impuesta por un tribunal federal que consideró que cometió fraude al Estado mediante la asignación irregular de obras públicas a un empresario allegado durante su mandato presidencial (2007-2015). 

La entonces Vicepresidenta consideró que era víctima de una persecución judicialorquestada por opositores para sacarla del escenario político.

El empresario de la construcción Lázaro Báez, de la provincia sureña de Santa Cruz, y varios ex funcionarios del Gobierno de Fernández también fueron sentenciados a cumplir distintas penas de cárcel.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó ahora ese fallo en una audiencia que tuvo lugar en la sede de los tribunales federales en Buenos Aires, a la cual Fernández y los otros condenados no asistieron.

En las inmediaciones, militantes del kirchnerismo -la corriente de centroizquierda del peronismo que tiene a la ex Mandataria como referente- se manifestaron en contra de lo que consideran un ejemplo del «lawfare» o uso de mecanismos del sistema de justicia para destruir a personalidades políticas.

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