El conflicto por el bono navideño de casi 200 mil pesos aprobado por regidores de oposición de Villa de Pozos no se quedó en el Concejo Municipal: escaló hasta el Congreso del Estado. Ahora, el Poder Legislativo se prepara para analizar de manera formal posibles medidas legales y administrativas contra los ediles que avalaron el beneficio, el cual fue revertido días después por la Comisión de Hacienda.
Para los legisladores, el episodio no es menor. Se trata de un acto considerado irregular, anticipado y contrario al principio de austeridad que debe regir a toda administración pública, particularmente en un municipio recién creado y bajo intenso escrutinio ciudadano.
El Congreso inicia ruta de revisión
El diputado del PVEM, Luis Fernando Gámez Macías, confirmó que esta semana iniciarán reuniones internas para definir el procedimiento. Señaló que el caso se revisará desde tres ángulos: legal, político y social.
“Lo ocurrido excede los límites éticos en el ejercicio de un cargo público”, advirtió.
El análisis formal comenzará en diciembre, y el tema podría convertirse en un punto directo de fiscalización si se detectan elementos que ameriten intervención inmediata del Legislativo.
Llamado a la responsabilidad en el nuevo municipio
Aunque reconoció la gravedad del acto, Gámez Macías también hizo un llamado a los integrantes del Concejo Municipal para conducirse con orden, legalidad y responsabilidad.
Recordó que Villa de Pozos, como municipio de reciente creación, enfrenta la mirada atenta de su población, que exige transparencia y congruencia en cada decisión.
Mientras el Congreso prepara su revisión, el episodio del bono navideño deja claro que las acciones de los regidores no solo tienen impacto administrativo: también definen la confianza con la que inicia la vida institucional del nuevo municipio.
