El Congreso del Estado de San Luis Potosí reconoció que no cuenta con los recursos económicos necesarios para realizar las consultas públicas ordenadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que ha impedido el cumplimiento de sentencias emitidas desde julio de 2023 relacionadas con derechos de grupos históricamente vulnerados.
La admisión se desprende de la respuesta oficial que la Suprema Corte entregó al abogado Luis González Lozano, quien solicitó información sobre el grado de cumplimiento de las sentencias derivadas de las controversias constitucionales 141/2022 y 152/2022, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Dichas controversias fueron interpuestas en contra de la reforma electoral aprobada por el Congreso potosino en 2022, la cual modificó diversos artículos —entre ellos el 98, 221 y 269— sin haber realizado consultas previas a personas indígenas, afromexicanas y con discapacidad, como lo exige la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
En su resolución, la Suprema Corte determinó que el Poder Legislativo local incurrió en una omisión al no consultar a estos sectores y ordenó llevar a cabo un proceso formal de consulta pública antes de mantener vigentes las reformas.
A finales de 2025, González Lozano solicitó a la Corte un informe sobre los avances en el cumplimiento de la sentencia. En la respuesta recibida el 12 de enero de 2026, el alto tribunal informó que el pasado 9 de diciembre la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas del Congreso estatal notificó que carece de recursos presupuestales para realizar la consulta ordenada.
De acuerdo con el documento, dicha comisión señaló que se encuentra a la espera de que se resuelva cómo proceder para continuar con el cumplimiento de la sentencia, motivo por el cual la Suprema Corte emitió un requerimiento adicional para que se informen los avances de los actos encaminados a cumplir el fallo.
Ante esta situación, la Corte precisó que no puede emitir un pronunciamiento definitivo, ya que el asunto permanece en fase de cumplimiento y no se ha dado por concluido el proceso.
Cabe recordar que en junio de 2025 el propio Congreso del Estado estimó que la consulta pública tendría un costo aproximado de ocho millones de pesos, cifra que hasta ahora no ha sido cubierta ni presupuestada, lo que mantiene en suspenso el cumplimiento de una resolución constitucional obligatoria.
