El Congreso del Estado de San Luis Potosí cuenta con menos de 20 días para presentar el nuevo protocolo de las consultas que fueron anuladas, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara repetir el proceso por vicios en su realización.
El nuevo ejercicio podría implicar un gasto adicional estimado entre 8 y 9 millones de pesos.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Héctor Serrano Cortés, informó que el plazo fue definido tras una reunión con la Corte, en la que participaron también la presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), Paloma Blanco López, asesores legislativos y diputados.
En el encuentro se les instruyó formalizar avances y precisar la metodología para evitar una nueva impugnación.
Ceepac declina organizar la consulta
El Congreso buscó que el Ceepac organizara el proceso para garantizar un mecanismo “equilibrado y equitativo”; sin embargo, el organismo notificó mediante oficio —dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva, Sara Rocha Medina— que no está en condiciones de asumir esa responsabilidad.
Con ello, el Poder Legislativo deberá encargarse directamente de un procedimiento que ya fue invalidado una vez.
Serrano Cortés reconoció que la consulta anterior tuvo un costo cercano a 9 millones de pesos, recursos destinados a la integración de un equipo técnico-operativo y a la logística del ejercicio.
Indicó que el impacto presupuestal ya fue planteado ante la Secretaría de Finanzas y subrayó que el cumplimiento de la sentencia es “impostergable”.
Dos consultas en puerta
El nuevo proceso contempla dos consultas: una en materia de discapacidad, considerada menos compleja, y otra vinculada con la Ley Indígena, que requerirá mayores cuidados para ajustarse estrictamente a los parámetros legales.
Aunque la SCJN citó el caso de Michoacán —donde el órgano electoral sí organizará el ejercicio—, en San Luis Potosí el Ceepac se mantendrá al margen, dejando al Congreso la carga política, técnica y financiera de rehacer el procedimiento bajo supervisión judicial.
