La Fiscalía General de la República (FGR) informó que San Luis Potosí formó parte de la presunta ruta ferroviaria utilizada para el traslado de hidrocarburos introducidos de manera ilegal al país, dentro de la investigación que sigue por una red de contrabando que habría ocasionado un daño patrimonial superior a los 4 mil millones de pesos.
A través de un comunicado, la dependencia federal rechazó que las indagatorias tengan un trasfondo político y sostuvo que los resultados obtenidos derivan de una investigación técnica, progresiva y sustentada en trabajo pericial, inteligencia financiera y revisión documental.
La FGR recordó que la investigación comenzó tras el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila. A partir de ese aseguramiento se realizaron inspecciones, toma de muestras y diversos dictámenes periciales para determinar el contenido de las unidades y reconstruir la cadena logística del combustible.
Como resultado de esas diligencias, las autoridades localizaron otros ferrotanques relacionados con la misma operación en San Luis Potosí y Nuevo Laredo, los cuales, según la Fiscalía, presentaban un esquema similar de importación irregular al declarar únicamente el 10 por ciento del combustible que realmente transportaban.
La dependencia explicó que esta información permitió reconstruir gradualmente la ruta ferroviaria utilizada para el traslado del hidrocarburo y detectar una red de recepción, almacenamiento y distribución en distintas entidades del país.
La investigación también identificó a una empresa constituida en agosto de 2018 en la Ciudad de México como la principal importadora involucrada en las operaciones. De acuerdo con la FGR, Ernesto «N», identificado públicamente como el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, se incorporó al capital variable de la sociedad en octubre de ese mismo año y posteriormente ocupó el cargo de secretario del Consejo de Administración.
Según la Fiscalía, la empresa amplió posteriormente su objeto social para incluir actividades relacionadas con la importación, almacenamiento, transporte y manejo de hidrocarburos, así como la operación de terminales ferroviarias y servicios auxiliares del sector energético.
La institución informó que hasta el momento ha integrado 96 datos de prueba, entre ellos dictámenes en química, criminalística, fotografía, ingeniería mecánica y eléctrica, además de análisis documentales y financieros.
Asimismo, indicó que, aunque actualmente el proceso penal considera un perjuicio fiscal superior a 100 millones de pesos relacionado con 170 ferrotanques asegurados en julio de 2025, el cruce de información entre la Agencia Nacional de Aduanas y el Servicio de Administración Tributaria permitió detectar más de 4 mil operaciones presuntamente irregulares durante el primer semestre de ese año, cuyo impacto económico podría superar los 4 mil millones de pesos.
Finalmente, la FGR reiteró que Ernesto «N» no es investigado por motivos políticos, sino por su probable participación en los hechos que forman parte de la carpeta de investigación, la cual continúa en desarrollo con respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos de las personas imputadas.
