La Suprema Corte de Estados Unidos aceptó el viernes escuchar una petición del fabricante de armas Smith & Wesson y del mayorista de armas de fuego Interstate Arms para desestimar la demanda de México que les acusa de ayudar al tráfico ilegal de esos productos a los cárteles de la droga mexicanos.
Los jueces aceptaron un recurso de las dos empresas estadounidenses contra la negativa de un tribunal de primera instancia a desestimar la demanda mexicana, presentada ante un tribunal federal de Boston en 2021, en virtud de una ley nacional de 2005 que exime ampliamente a las empresas de armas de la responsabilidad por delitos cometidos con sus productos.
La Corte debe ver el caso durante su mandato de nueve meses que comienza el lunes.
México había demandado inicialmente a siete fabricantes de armas estadounidenses -Smith & Wesson, Barrett, Beretta, Century Arms, Colt, Glock y Ruger-, así como a Interstate Arms.
Posteriormente, seis armeras fueron apartadas del caso por motivos procesales y solo Smith & Wesson e Interstate Arms quedaron como demandados.
La reclamación incluía nueve cargos, con alegaciones de que las compañías violaron las leyes estatales al ayudar e instigar el tráfico de armas a los cárteles de la droga mexicanos, contribuyendo a alimentar lo que México ha denominado una «epidemia de violencia».
El valor estimado de todas las armas traficadas desde Estados Unidos a México -contando las fabricadas por los demandados y otros fabricantes- ascendía a más de 250 millones de dólares anuales, según la reclamación.
México solicita una indemnización por daños y perjuicios por un importe no especificado, estimado en miles de millones de dólares, y una orden judicial que exija a las empresas fabricantes de armas que tomen medidas para «reducir y remediar la alteración del orden público que han creado en México».
La mayoría de los 180 mil homicidios con armas de fuego entre 2007 y 2019 en la nación latinoamericana, que tiene estrictas leyes sobre armas de fuego, se cometieron con armas traficadas desde Estados Unidos, según los archivos judiciales del caso.
Las empresas, que pretendían desestimar la demanda, alegaron que el litigio estaba prohibido por una ley federal de 2005 conocida como Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, que protege a los fabricantes y distribuidores de armas de fuego de la responsabilidad por el uso indebido delictivo de sus productos.
El juez de distrito de Estados Unidos en Boston, Dennis Saylor, se puso de parte de las empresas en 2022 y desestimó el caso, pero el Tribunal de Apelaciones del 1er Circuito, también con sede en Boston, revocó la decisión en enero y dictaminó que la demanda podía seguir adelante.
