Un tribunal rechazó anular una prueba clave contra el empresario René Dávila de la Vega y su hijo René Dávila Díaz, accionistas de una financiera que ilegalmente recibió 800 millones de pesos de Segalmex para colocarlos en el mercado bursátil.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), los Dávila, propietarios de la Corporación en Asesoría Financiera (Corafi) -con sede en Chiapas-, recibieron los recursos en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando René Gavira Segreste, ex titular de la Unidad de Administración y Finanzas los avaló, a pesar de que operaban sin autorización ni bajo las reglas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Ahora, el Tribunal colegiado en materia penal confirmó que debe tomarse en cuenta en el juicio la opinión que emitió la Secretaría de Hacienda, la que concluye que sí hay elementos para proceder contra los acusados por el delito de captación ilegal de recursos de la desaparecida Segalmex, cuyas transas y saqueos sumaron más de 15 mil millones de pesos, según diversas investigaciones.
La opinión de delito impugnada por los empresarios es un requisito para proceder penalmente, pues sin ella o con una opinión negativa, el Ministerio Público federal no puede llevar a un investigado ante la justicia. Ahora, mientras el amparo no sea resuelto, no podrá iniciar el juicio.
Los Dávila impugnaron también siete testimonios, un peritaje y siete documentales que el juzgador le aprobó a la FGR y Hacienda, entre ellas la opinión de delito de la Procuraduría Fiscal de la Federación.
Para los empresarios, la opinión de delito contiene la información íntegra que darán a conocer los testigos que Hacienda presentará en el juicio y admitir esa prueba podría representar una ventaja indebida para la FGR, porque los testigos tendrán contacto directo con el documento y podrán acceder a su contenido durante su declaración.
