La Sala Superior del Tribunal Electoral discute si aprobar o no la reelección, por cuatro años más, del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno.
La Magistrada Janine Otálora plantea confirmar la resolución del INE de no avalar la reforma a los estatutos del tricolor, con las que se permitió la reelección de la dirigencia nacional.
«Se propone confirmar el acto reclamado al resultar los agravios infundados, ya que existe una prohibición para los partidos políticos de modificar sus documentos básicos una vez iniciado el proceso electoral federal, lo cual debe mantenerse a lo largo de todas las etapas del mismo, incluso hasta los resultados y verificación de la elección.
«Si el partido modificó sus documentos básicos el 7 de julio, esto es durante la etapa de calificación del proceso electoral federal, el cual finalizó hasta el 28 de agosto, y los siguientes procesos electorales locales inician hasta noviembre de este año, fue correcto que la autoridad determinara la contravención de la referida norma, sin que se advierta que el partido se ubique en algún supuesto de excepción que justifique tal modificación», expuso el secretario de la Magistrada.
El primero en posicionarse fue el Magistrado Felipe Fuentes, quien siempre vota en bloque con Mónica Soto y Felipe de la Mata haciendo mayoría.
En su mensaje defendió al PRI, al considerar que sí estaba en su derecho de modificar sus documentos básicos dentro del proceso electoral, pues ya habían pasado las etapas cruciales ya se habían agotado.
Aseguró que existen precedentes de reformas a estatutos de otros partidos antes de concluir el proceso electoral, sin que vulnere la norma.
«Esta Sala Superior ya ha sostenido que la restricción prevista tiene como finalidad propiciar certeza y seguridad a militantes, simpatizantes e incluso al electorado en su conjunto. Pero este pleno también ya ha modulado esta prohibición, armonizándola con los principios rectores de la materia, y lo hemos hecho en diversos precedentes que respetuosamente considero que no se están tomando en cuenta.
«Contrario a lo que sostiene la autoridad responsable, sí era procedente que el partido llevara a cabo los actos relacionados con la modificación a sus documentos básicos antes de concluir el proceso electoral federal, y sin que ello contravenga los principios que protege la norma», argumentó.
Incluso, propone que no se revoque la decisión para que el INE revise y valide los documentos, sino que la Sala Superior lo haga de una vez, para no perder tiempo.
«Revocar para efecto de que el Consejo General lleve a cabo el análisis que omitió, redundaría en un retraso en la definición de la validez de las reformas estatutarias, así como en la certeza y seguridad, que son los principios rectores de la materia y esto sumado a que podría generarse un tema de crisis incluso al interior del instituto político ante un vacío de poder o de liderazgos que imposibilitaran llevar a cabo todos los procesos incluso internos», justificó.
