Los contratos millonarios que firmaron el Tren Maya y las empresas españolas Acciona Construcción, AZVI e Ineco, señaladas en el «Caso Koldo», un esquema de corrupción que es juzgado en España, no estuvieron exentos de denuncias de irregularidades en México, sin que se haya realizado ningún castigo.
AZVI, en unión con la mexicana Grupo Indi, fue contratada en junio de 2020 para construir el Tramo 3 del Tren Maya, de Izamal, Yucatán, a Calkiní, Campeche, por 10 mil 192 millones de pesos, monto que para 2023 llegó a más de 23 mil 114 millones.
En su Auditoría de Cumplimiento a Inversiones Físicas, la Auditoría Superior de la Federación señaló un presunto desfalco de 65 millones 466 mil 591 pesos. Explicó, por ejemplo, que se reportó un pago de 18.2 millones de pesos por protección y salvamento arqueológico, no obstante que en las minutas celebradas con el INAH se indicó que no había monumentos arqueológicos.
Otros 8 millones 821 mil 229 pesos se pagaron por supuestas obras en las estaciones Izamal, Mérida, Maxcanú, Calkiní y Tixkokob, que no se realizaron, y 10.4 millones por «mitigación ambiental», aunque no se acreditó la ejecución de las obras.
En diciembre de 2020, Ineco, propiedad del Ministerio de Transportes español, en consorcio con una empresa alemana ganó por adjudicación directa un contrato por 390 millones de pesos para revisar la ingeniería básica del Tren, definir los requisitos de operación y las especificaciones técnicas del material rodante y los sistemas ferroviarios.
El entonces director del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, justificó la adjudicación directa, pues aseguró que antes hubo una licitación que se declaró desierta porque no se cumplieron los parámetros establecidos.
En enero de 2021, Acciona, en alianza con Grupo México, ganó la licitación por 15 mil 358 millones de pesos para construir el Tramo 5 Sur del Tren, de Playa del Carmen a Tulum, Quintana Roo. Al año siguiente, la ASF concluyó que no fue la mejor propuesta pues se desecharon dos más económicas.
«Se argumentó que no se había respetado la volumetría solicitada en el concepto de losa pilotada; no obstante, el consorcio al que se le adjudicó el contrato tampoco cumplió con dicho requerimiento», sostuvo la auditoría 2021-3-21W3N-22-0117-2022.
En el mismo documento indicó un desfalco por 9 millones 235 mil 655 pesos por intereses generados por pagos anticipados e indebidos.
Acciona y Grupo México arrancaron las obras sin el estudio de impacto ambiental, por lo que varias veces fueron detenidas mediante amparos, así como por los cambios de ruta del Tren.
Debido al retraso, López Obrador rescindió el contrato para dárselo a los militares con un finiquito previsto de 5 mil 300 millones de pesos, la tercera parte del contrato.
En sus declaraciones judiciales, De Aldama ha admitido que grupo AZVI, le entregó 18 mil euros como sobornos por distintos contratos de obra conseguidos, pero la española lo ha negado.
