La Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado aprobó por unanimidad el dictamen que deroga las disposiciones del Código Penal relacionadas con el uso indebido de la inteligencia artificial para provocar alarma social, conocidas públicamente como la «Ley Serrano». El proyecto será turnado al Pleno para su discusión y eventual votación durante una sesión extraordinaria prevista para el próximo 30 de julio.
Con siete votos a favor y ninguno en contra, las y los integrantes de la comisión respaldaron un dictamen que integra cuatro iniciativas presentadas por la organización Artículo 19 y periodistas potosinos; el ciudadano Álvaro Israel Leyva Frías; la diputada de Morena, Jessica Gabriela López Torres; y el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona.
La presidenta de la Comisión Primera de Justicia, Leticia Vázquez Hernández, explicó que, una vez publicado el dictamen en la Gaceta Parlamentaria, deberán transcurrir 48 horas antes de que pueda ser sometido a consideración del Pleno.
La legisladora detalló que la derogación contempla la eliminación del artículo 187 Ter y del Capítulo V denominado «Uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social», que incluye los artículos 272, 272 Bis y 272 Ter del Código Penal del Estado.
Precisó que las reformas relacionadas con la difusión ilícita de imágenes de contenido íntimo permanecerán vigentes, ya que no forman parte del dictamen aprobado.
Vázquez Hernández subrayó que la derogación de estas disposiciones no implica que el Congreso abandone la regulación de la inteligencia artificial. Señaló que el propio dictamen establece la intención de construir un marco jurídico integral sobre la materia, con apego a criterios de constitucionalidad y mediante un proceso de parlamento abierto.
Asimismo, adelantó que, de aprobarse la derogación en la sesión extraordinaria del próximo 30 de julio, a partir de septiembre podrían instalarse mesas de trabajo con especialistas, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, representantes del sector educativo y otros actores interesados para elaborar una nueva propuesta legislativa.
