La reforma electoral que obliga a los partidos políticos a postular únicamente mujeres para la gubernatura de San Luis Potosí en 2027 no irrumpió solo como una modificación legal, sino como un punto de quiebre político. Lo que comenzó como una iniciativa técnica impulsada desde el órgano electoral local terminó por detonar un debate que atravesó al Congreso, al Ejecutivo estatal, a los partidos políticos, al sector empresarial, a la Iglesia y al propio gobierno federal, y que hoy perfila un camino inevitable hacia los tribunales.
La llamada “Ley Gobernadora”, también conocida como “Ley Ruth” o “Ley Esposa” por sus críticos, fue aprobada en una sesión dominical del Congreso del Estado, sin discusión en el Pleno y mediante un trámite acelerado. Con 19 votos a favor y ocho en contra, el Poder Legislativo avaló una reforma constitucional local que fija una regla inédita: en la elección de 2027, la boleta para la gubernatura solo podrá incluir candidatas mujeres.
El dictamen tuvo como origen una propuesta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac). Desde ese espacio, la consejera presidenta Paloma Blanco López defendió el carácter técnico y jurídico de la iniciativa, asegurando que no se trató de una decisión coyuntural ni de una imposición política. Explicó que los trabajos iniciaron tras concluir el proceso electoral de 2024, mediante una comisión temporal creada para analizar la legislación vigente y proponer ajustes dentro del marco legal, con la participación de los partidos políticos. Subrayó que el Ceepac no legisla y que la aprobación, modificación o rechazo del proyecto correspondía exclusivamente al Congreso.
Desde el Poder Legislativo, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Héctor Serrano Cortés, asumió la defensa política de la reforma. Argumentó que la medida busca corregir una desigualdad histórica en el acceso real de las mujeres al máximo cargo del Ejecutivo estatal y cerrar lo que calificó como simulaciones partidistas, en las que la paridad se cumple solo de manera formal. A su juicio, la alternancia obligatoria no es una cuota simbólica, sino un paso hacia la igualdad sustantiva y un precedente que incluso podría ampliarse, en el futuro, a otros grupos históricamente subrepresentados.
La aprobación, sin embargo, generó fracturas inmediatas. Morena, partido mayoritario a nivel nacional, fijó una postura crítica. Su dirigencia estatal, encabezada por Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, reiteró el respaldo del partido a la paridad de género y al fortalecimiento de la participación política de las mujeres, pero advirtió que no avalará reformas que se aparten del marco constitucional ni que parezcan diseñadas para beneficiar a personas específicas o responder a coyunturas políticas. Informó que el tema se encuentra bajo análisis jurídico y que el partido actuará por las vías institucionales.
Desde el ámbito nacional, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde Luján, fue más contundente. Anunció que el partido prepara acciones de inconstitucionalidad contra reformas electorales estatales que restringen la libertad de la ciudadanía para decidir en las urnas. Aunque evitó mencionar de manera directa a San Luis Potosí, dejó claro que Morena no comparte disposiciones que limiten de antemano quién puede aparecer en la boleta electoral.
Las declaraciones encontraron eco en la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien puso en duda la constitucionalidad de imponer el género de una candidatura para un proceso electoral específico. Si bien reconoció que la paridad ha sido un avance histórico y recordó que el INE impulsó estas medidas para corregir desigualdades, advirtió que obligar a postular a una mujer o a un hombre en un año determinado debe analizarse con cuidado desde el punto de vista constitucional. En el mismo contexto, reiteró su rechazo a las herencias políticas y recordó que Morena aplicará desde 2027, como decisión interna, la prohibición de candidaturas entre familiares directos.
Desde el Poder Ejecutivo estatal, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona defendió la reforma y minimizó las dudas sobre su constitucionalidad. Afirmó que el estado ya cumplió con el mandato de paridad y que cualquier inconformidad deberá resolverse en los tribunales. “Ya dirán si es constitucional o no, eso ya es otra cosa. Hoy lo importante es que se cumple con el mandato”, declaró. Señaló que quienes se oponen están en su derecho de impugnar.
Gallardo sostuvo que el Partido Verde Ecologista de México cuenta con varios perfiles femeninos competitivos para 2027, entre ellos el de Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental. Atribuyó las críticas a la falta de preparación de algunos partidos para impulsar liderazgos femeninos y acusó incongruencia en quienes se dicen defensores de la igualdad de género, pero rechazan la posibilidad de que San Luis Potosí sea gobernado por una mujer.
En respaldo a esta postura, el secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, consideró que la reforma representa un avance histórico para la participación política de las mujeres en el estado. Señaló que se trata de una decisión del Congreso y que el Ejecutivo respeta la división de poderes, al tiempo que celebró que se rompa con años de rezago en el acceso femenino a la gubernatura.
Las críticas se intensificaron desde la oposición. La senadora panista Verónica Rodríguez Hernández acusó que la reforma tiene una dedicatoria política directa contra Acción Nacional y, en particular, contra el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos. Afirmó que la modificación legal no busca ampliar derechos, sino asegurar el control del Poder Ejecutivo estatal y bloquear a un adversario específico. Confirmó que el PAN prepara una acción de inconstitucionalidad una vez que la ley sea publicada.
Al interior del PAN, la votación exhibió divisiones. Mientras el coordinador de la bancada votó en contra, diputadas como Aranzazú Puente Bustindui defendieron su voto a favor. Puente aseguró que la reforma no es un “cheque en blanco” para nadie, sino una oportunidad para una participación real de las mujeres, y reconoció públicamente su aspiración a la gubernatura, enmarcando su postura en su trayectoria partidista y en otras iniciativas legislativas enfocadas en derechos de las mujeres.
Movimiento Ciudadano tampoco mostró una postura unificada. La consejera nacional Marvely Costanzo Rangel calificó la reforma como un uso instrumental de la lucha feminista para perpetuar un cacicazgo político y criticó la falta de consulta a colectivos de mujeres y militantes. Recordó que ella misma fue candidata a la gubernatura en 2021 bajo un esquema de paridad nacional, sin una imposición legal como la actual, lo que —afirmó— demuestra que existen rutas democráticas sin reformas excluyentes. En contraste, el diputado Marco Antonio Gama Basarte defendió la ley como un avance en igualdad sustantiva, aseguró que no tiene dedicatoria personal y sostuvo que obliga a los partidos a generar mejores perfiles y condiciones de competencia.
Desde el ámbito empresarial, el presidente del Consejo Empresarial Potosino, Héctor D’Argence Villegas, lanzó una de las críticas más severas. Acusó un sometimiento del Ceepac y un abuso de poder por parte del Congreso, al considerar que la reforma vulnera derechos político-electorales fundamentales e incluso contradice estándares internacionales. Señaló que la legislación vigente ya permitía la participación de mujeres sin prohibiciones por género y expresó su confianza en que la medida sea impugnada y revisada por la Suprema Corte. Cuestionó, además, el voto de legisladores de oposición que respaldaron la iniciativa.
La Iglesia católica también fijó postura. El vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Tomás Cruz Perales, calificó la reforma como innecesaria y cuestionó la forma acelerada en que fue aprobada, sin debate público amplio ni consulta social. Advirtió que la medida podría vulnerar el derecho constitucional de votar y ser votado y señaló que el impulso a la participación femenina pudo haberse trabajado desde los partidos políticos, sin reformar la Constitución local.
A nivel nacional, otras voces se sumaron al debate. El diputado federal Ricardo Monreal expresó su rechazo a las leyes que, dijo, están orientadas a favorecer a candidatas específicas, y adelantó que esperará a que la Suprema Corte resuelva las acciones de inconstitucionalidad que se presenten. En contraste, desde Nuevo León, legisladores descartaron que una reforma similar pueda prosperar en su entidad, al considerar que no existen las condiciones políticas ni las mayorías necesarias, y señalaron que la constitucionalidad de estos modelos deberá resolverse en instancias federales.
Con posturas encontradas, fracturas partidistas y acciones legales anunciadas desde distintos frentes, la “Ley Gobernadora” dejó de ser una reforma local para convertirse en un caso testigo sobre los límites entre paridad, legalidad y competencia democrática. Más allá de la elección de 2027, el debate abrió una pregunta de fondo que ahora se traslada al terreno judicial: si la paridad obligatoria para un cargo específico amplía derechos o si, en nombre de una causa legítima, puede convertirse en un mecanismo de exclusión política.
San Luis Potosí permanece así en el centro de una controversia nacional cuyo desenlace ya no dependerá solo del Congreso local ni del discurso político, sino de la interpretación constitucional que definirá hasta dónde pueden llegar las reformas electorales en la búsqueda de igualdad sustantiva.
