La resolución obliga a la Comisión de Puntos Constitucionales a no entregar el dictamen de la Reforma Judicial al pleno de la Cámara de Diputados hasta que el tema sea resuelto por un tribunal colegiado.
Dos jueces federales consiguieron una suspensión contra la reforma judicial que impulsa el gobierno y el oficialismo como parte del llamado Plan C.
Uno de los casos se dio en Morelos y otro en Chiapas, y su efecto obliga a la Comisión de Puntos Constitucionales a no entregar el dictamen de la Reforma Judicial al pleno de la Cámara de Diputados, además de que debe informar sobre el cumplimiento de la disposición judicial que, en general, implica suspender el proceso de reforma.
Las dos suspensiones son inéditas, como la propia reforma y el movimiento de trabajadores y juzgadores del Poder Judicial.
En el caso de Morelos, la jueza Martha Eugenia Magaña López se excusó por ser directamente afectada pero, como parte del procedimiento, dictó la suspensión.
Esas decisiones implican que el asunto deba resolverse por un tribunal colegiado, cuya decisión será compleja en tanto los magistrados también son interesados en el asunto.
En el caso de Chiapas, el asunto fue resuelto por el juez Felipe V Consuelo, quien se pronunció en sentido similar a su colega de Morelos.
“Resulta procedente conceder la suspensión de oficio respecto de los efectos y consecuencias de los actos reclamados”, resolvió el juez, y fijó para el 6 de septiembre la audiencia incidental.
También ordenó girar un exhorto al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México en turno, y notificar a las autoridades responsables.
