El Presidente Donald Trump firmó un decreto que ordena elevar los aranceles al acero y aluminio al 50 por ciento, medida que entrará en vigor a partir de mañana 4 de junio.
El incremento arancelario pasó del 25 al 50 por ciento sobre las importaciones de eso metales, así como de sus productos derivados, al considerar que estos materiales continúan llegando en condiciones que «amenazan la seguridad nacional» de Estados Unidos.
Trump justificó la tarifa con base en informes del Departamento de Comercio, los cuales indican que la industria estadounidense aún no logra alcanzar los niveles de producción necesarios para satisfacer las demandas de defensa nacional, pese a los aranceles vigentes desde 2018.
«El aumento en las tarifas brindará un mayor respaldo a nuestras industrias estratégicas, que siguen enfrentando prácticas desleales de exportadores que inundan el mercado con productos a bajo costo», señaló el Mandatario.
«En consecuencia, he determinado que es necesario y apropiado aumentar la tasa arancelaria para las importaciones de artículos de acero y artículos derivados del acero, y artículos de aluminio y artículos derivados del aluminio, del 25 ad valorem al 50 por ciento ad valorem», apuntó.
Los nuevos aranceles entrarán a las 0:01 horas de mañana y aplicarán a todos los países, con excepción de Reino Unido, que mantendrá el arancel del 25 por cientobajo los términos del Acuerdo de Prosperidad Económica firmado en mayo pasado.
No obstante, Trump advirtió que la tasa podría elevarse también para ellos si no cumplen con los compromisos pactados.
Dentro de la orden ejecutiva, el Presidente Trump no hace ninguna excepción para sus socios comerciales más cercanos como México y Canadá y que durante la primera Presidencia de Trump habían logrado una excepción ante la alta integración de las industrias y el impacto que tiene para sectores como el automotriz.
Actualmente, un grupo de empresas y un grupo de Estados gobernados por el Partido Demócrata mantienen un litigio contra otros aranceles impuestos por Trump contra otros países del mundo, incluyendo México y Canadá, invocando la Ley de Poderes Económicos para Emergencias Internacionales de 1977.
