En un contexto estatal donde la profesionalización del servicio público es un tema de creciente atención ciudadana, en San Antonio ha surgido una conversación pública relacionada con los requisitos legales para ocupar el cargo de secretario del Ayuntamiento, así como la importancia de garantizar que quienes desempeñan funciones clave cumplan con los perfiles establecidos por la normativa vigente.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, el Artículo 77, fracción II, establece como requisito “contar con título y cédula profesional de nivel licenciatura, con una antigüedad mínima de tres años en el ejercicio de la profesión”.
En el municipio de San Antonio, la designación del secretario del Ayuntamiento, Estanislao de Jesús Martell Vega, fue aprobada por el Cabildo, integrado por el presidente municipal, seis regidores y un síndico.
En este contexto, ciudadanos y actores sociales han manifestado inquietudes luego de realizar consultas en el Registro Nacional de Profesionistas, donde —refieren— no encontraron, al momento de su búsqueda, un registro correspondiente a la persona que actualmente ocupa dicho cargo.
Es importante subrayar que la ausencia de coincidencias en dicha plataforma no implica necesariamente una irregularidad, ya que pueden existir diversas razones técnicas, administrativas o de homonimia que expliquen esta situación. Sin embargo, la observación sí ha detonado un debate público sobre la necesidad de claridad y verificación documental en los nombramientos municipales.
Diversos especialistas en administración pública consultados coinciden en que la verificación de perfiles profesionales en cargos administrativos fortalece la confianza institucional y contribuye al ejercicio de un gobierno local más ordenado. Subrayan que la transparencia en la acreditación de estudios no solo beneficia a la ciudadanía, sino también a los propios funcionarios, al despejar dudas y evitar interpretaciones erróneas.
En el caso de San Antonio, varios ciudadanos señalan que sería deseable que el Ayuntamiento pudiera aclarar o confirmar públicamente el estatus profesional del funcionario, en aras de la apertura informativa que caracteriza a un gobierno transparente y cercano al pueblo.
El caso se presenta como un recordatorio de la importancia de mantener prácticas de transparencia en todos los niveles del servicio público. La aclaración oportuna de la documentación correspondiente podría fortalecer la percepción ciudadana y reafirmar el compromiso institucional del municipio con la rendición de cuentas.
Por ahora, la ciudadanía continúa atenta a que se brinde información oficial que permita despejar cualquier duda y reforzar la confianza en la administración municipal.
Surge también la inquietud de conocer, en caso de confirmarse que el funcionario no cumple con el perfil legal requerido, cuáles serían las responsabilidades o sanciones a las que podría enfrentarse la administración municipal.
Fuentes consultadas por este medio mencionan que existen inconformidades y diferencias laborales entre algunos trabajadores y el funcionario señalado, por la presunta aplicación de descuentos económicos injustificados. Asimismo, se precisa que, según información proporcionada por un periodista, éste habría presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado por los delitos de ataques a la libertad de expresión y abuso de poder.
