La impartición de justicia en San Luis Potosí enfrenta un reto importante: resolver decenas de miles de conflictos legales cada año con un número limitado de personas juzgadoras.
De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), difundidas con motivo del Día de las Personas Juzgadoras, en la entidad existen 2.6 personas juzgadoras por cada 100 mil habitantes, una proporción que refleja la presión que enfrentan los tribunales estatales para atender la demanda de justicia.
Las personas juzgadoras —entre jueces, juezas, magistrados y magistradas— son las encargadas de resolver disputas legales en materias como civil, mercantil, familiar y penal dentro del Poder Judicial estatal.
Las cifras colocan a San Luis Potosí entre las entidades con menor disponibilidad de impartidores de justicia, junto con estados como Chiapas y Puebla.
En contraste, entidades como Campeche registran 10.2 jueces por cada 100 mil habitantes, seguido de Chihuahua con 7.5 y Nayarit con 7.2, lo que evidencia las desigualdades en la capacidad de los sistemas judiciales locales para atender los casos que llegan a tribunales.
A nivel nacional, el desglose por áreas muestra que más de la mitad de las personas juzgadoras se desempeñan en materias civiles y mercantiles, que concentran 54% del total.
El 26.9% trabaja en materia familiar, 13.8% en materia penal y el resto corresponde a materia laboral.
El informe del INEGI también revela la magnitud de los casos que llegan a los tribunales potosinos.
Durante el último registro, los órganos jurisdiccionales de primera instancia del estado atendieron 44 mil 613 asuntos, lo que refleja el volumen de conflictos legales que requieren resolución judicial.
La distribución de los expedientes fue la siguiente:
- 47.2% en materia mercantil
- 36.5% en materia civil
- 10.9% en materia familiar
- 5.4% en otras materias
Esto significa que casi ocho de cada diez casos corresponden a conflictos mercantiles o civiles, como disputas por deudas, incumplimiento de contratos o controversias entre particulares.
A nivel nacional, el INEGI señala que la mayoría de los procesos judiciales se resuelven en el ámbito estatal, lo que convierte a los poderes judiciales locales en la principal puerta de acceso a la justicia para la ciudadanía.
Esto implica que tribunales como los de San Luis Potosí deben atender una amplia variedad de casos, desde conflictos familiares hasta controversias comerciales.
El reporte también advierte que, aunque cada vez más mujeres ocupan cargos dentro del sistema judicial, su presencia en puestos de mayor jerarquía aún no alcanza niveles de paridad, especialmente en los niveles más altos de los poderes judiciales.
Sobre esta situación, la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, reconoció recientemente que el sistema judicial enfrenta un déficit de jueces y personal administrativo.
Indicó que uno de los principales problemas es la falta de personal clave, como secretarios de acuerdos y actuarios, lo que provoca que algunos juzgados operen con recursos limitados y que una sola persona tenga que asumir múltiples funciones.
Ante este panorama, el Poder Judicial analiza abrir convocatorias para contratar más personal, especialmente secretarios de acuerdos y actuarios, con el objetivo de fortalecer la operación de los juzgados.
La intención es reducir el rezago en expedientes y mejorar la atención a la ciudadanía que recurre a los tribunales.
La baja proporción de personas juzgadoras frente al tamaño de la población implica mayores cargas de trabajo y posibles retrasos en la resolución de los casos.
Las cifras evidencian que la impartición de justicia en San Luis Potosí opera en un contexto de alta demanda y recursos limitados, lo que representa un desafío constante para garantizar resoluciones oportunas y eficientes.
