El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México trasladó a 37 operadores de organizaciones criminales a Estados Unidos, todos requeridos por autoridades de ese país y considerados de alto impacto por su capacidad para generar violencia y mantener estructuras delictivas activas.
La operación se ejecutó con base en la Ley de Seguridad Nacional, bajo mecanismos de cooperación bilateral y con el compromiso formal de no solicitar la pena de muerte.
Los traslados se realizaron con custodia aérea y terrestre, a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas, con destino a Washington (Dulles), Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego.
Con esta acción, suman 92 criminales de alto impacto enviados a Estados Unidos en la presente administración, de acuerdo con información difundida por Omar García Harfuch, titular de la SSPC.
«Esta mañana el @GabSeguridadMX trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país».
«La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional. A solicitud de @TheJusticeDept, se estableció el compromiso de no solicitar la pena de muerte», posteó el funcionario.
Las 37 personas se encontraban privadas de la libertad en distintos centros penitenciarios del País, incluidos penales federales de máxima seguridad como el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, y enfrentan procesos judiciales abiertos en cortes estadounidenses por delincuencia organizada, narcotráfico, tráfico transnacional de estupefacientes, lavado de dinero y conspiración criminal.
Entre los reos trasladados figuran Ricardo González Sauceda, alias «El Ricky». Líder regional del Cártel del Noreste, con zona de operación en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Es señalado por control territorial, coordinación de células armadas y generación de violencia en la franja noreste. El fue requerido por un tribunal de San Antonio, Texas.
Otro es Pedro Inzunza Noriega, alias «El Señor de la Silla». Se trata de un operador histórico del Cártel de Los Beltrán Leyva y padre de Pedro Inzunza Coronel, uno de los mandos de esa organización.
Está vinculado a estructuras financieras y logísticas del grupo. Su caso está en una corte de San Diego, California.
También está Juan Pablo Bastidas Erenas, alias «Payo Zurita», señalado como operador logístico de Los Beltrán Leyva, con relación directa con Fausto Isidro Meza Flores, «Chapo Isidro», y Óscar Manuel Gastélum, «El Músico», quien participó en rutas de trasiego, enlace con proveedores y coordinación operativa. Él fue trasladado a San Diego, California.
Dentro del operativo fue trasladado además Armando Gómez Núñez, alias «Delta1», identificado como líder de «Los Deltas», célula armada ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Es señalado por operaciones de alto impacto, ataques armados y confrontación directa con fuerzas federales. Él fue enviado a Dulles, Washington.
Además resalta Daniel Alfredo Blanco Joo, alias «El Cubano», operador logístico del Cártel del Pacífico, encargado del tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos y de la coordinación transfronteriza. Él fue catalogado como objetivo prioritario del FBI.
El traslado se ejecutó de manera simultánea desde diversos penales, con protocolos de máxima seguridad, cierre de perímetros, escoltas federales y apoyo aéreo para minimizar riesgos de fuga o rescate.
La operación retiró del sistema penitenciario nacional a mandos con procesos activos en cortes estadounidenses, varios de ellos señalados por seguir operando desde prisión.
Las autoridades precisaron que todas las personas trasladadas cuentan con requerimientos judiciales vigentes en Estados Unidos y que la entrega se realizó bajo compromisos jurídicos claros, incluida la exclusión de la pena capital.
La jurisdicción de los casos queda en manos de cortes federales estadounidenses.
La salida de los 37 internos representa uno de los movimientos de cooperación penal más amplios entre México y Estados Unidos en los últimos años.
En 2025, el Gobierno de México ejecutó entregas masivas de criminales de alto impacto a Estados Unidos bajo un esquema prácticamente idéntico al aplicado ahora: operativos simultáneos, traslados desde distintos penales federales, uso de aeronaves de las Fuerzas Armadas y coordinación directa con autoridades estadounidenses.
Aquellas acciones se realizaron cuando la Fiscalía General de la República aún estaba encabezada por Alejandro Gertz Manero, y se justificaron también como medidas de seguridad nacional ante el riesgo de que los internos siguieran operando desde prisión.
Durante ese año, México entregó y extraditó en dos partes a 55 líderes y operadores criminales reclamados por cortes federales de Estados Unidos, principalmente por narcotráfico, delincuencia organizada y conspiración transnacional.
En varios casos, las autoridades federales argumentaron que los reos mantenían control sobre células armadas, redes financieras y rutas de tráfico pese a estar recluidos, lo que motivó su salida del país como un mecanismo para desarticular mandos y cortar cadenas de mando.
El caso más emblemático de esas entregas fue el de Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, reclamado por la DEA desde los años ochenta por el asesinato del agente Enrique «Kiki» Camarena. Su entrega fue presentada como un mensaje político y judicial directo a Washington, al tratarse de uno de los narcotraficantes más buscados durante décadas.
Otro nombre clave fue Servando Gómez Martínez, ex líder de Los Caballeros Templarios, quien pese a estar recluido en un penal federal seguía siendo considerado un referente simbólico y operativo del crimen organizado en Michoacán. Su traslado a Estados Unidos respondió al argumento de que mantenía capacidad de influencia criminal y enfrentaba cargos federales relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada en cortes estadounidenses.
A esos perfiles se sumaron operadores y mandos históricos como Vicente Carrillo Fuentes, del Cártel de Juárez; José de Jesús Méndez Vargas, alias «El Chango Méndez», de La Familia Michoacana; y Erick Valencia Salazar, uno de los fundadores del Cártel Jalisco Nueva Generación.
