En el arranque del proceso anual de fiscalización, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado informó que auditará a 112 entes públicos, entre ellos la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, lo que ha derivado en un intercambio de posturas sobre los alcances de la autonomía universitaria frente a las obligaciones de transparencia.
El titular del IFSE, Rodrigo Lecourtois, señaló que la universidad ha manifestado inconformidad ante la notificación de auditoría y que, hasta el momento, no ha entregado la documentación solicitada por el organismo fiscalizador, lo que abre cuestionamientos sobre el cumplimiento de los procesos de revisión del uso de recursos públicos.
El posicionamiento coloca en el centro del debate si la autonomía de las instituciones educativas puede limitar o condicionar los mecanismos de rendición de cuentas, en un contexto donde las autoridades estatales buscan reforzar la supervisión del ejercicio presupuestal.
En respuesta, la UASLP afirmó que es una institución pública autónoma que actúa con apego a la ley, lo que implica tanto la defensa de su autonomía como el cumplimiento de las obligaciones de fiscalización.
La universidad sostuvo que la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2025 fue entregada en tiempo y forma a las instancias competentes, y reiteró su disposición para colaborar con las autoridades en los procesos de auditoría.
Asimismo, precisó que los recursos públicos que recibe son revisados por instancias externas, mientras que los ingresos autogenerados son auditados a través de su Órgano Interno de Control, conforme a su normativa interna.
La institución subrayó que continuará cumpliendo con sus responsabilidades administrativas y financieras, al insistir en que no existe incumplimiento en la entrega de información, en un intento por aclarar su postura frente al señalamiento del órgano fiscalizador.
El caso abre una discusión más amplia sobre el equilibrio entre autonomía universitaria y transparencia en el uso de recursos públicos en el estado.
