Desde el 3 de enero, Venezuela ha comenzado a abrir sus recursos naturales a la inversión estadounidense, primero en el sector petrolero y ahora en la explotación minera, en un proceso que marca un giro en la relación entre ambos países tras años de tensiones políticas y sanciones económicas. La reanudación de los vínculos económicos ha sido posible a partir de licencias otorgadas por el Gobierno de Donald Trump que permiten transacciones con empresas estatales venezolanas.
Inicialmente, el acercamiento se centró en el petróleo. El crudo venezolano volvió a exportarse hacia Estados Unidos, que durante años fue su principal cliente, luego de que Washington autorizara licencias especiales para facilitar estas operaciones. Posteriormente, el Parlamento venezolano, encabezado por Jorge Rodríguez, aprobó cambios en la legislación de hidrocarburos que permitieron la firma de un primer contrato con la empresa energética Shell.
El nuevo paso se dirige ahora al sector minero. Durante una visita de dos días a Venezuela, el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, abrió el camino para acuerdos relacionados con minerales estratégicos. Tras su regreso a Washington, el Gobierno estadounidense emitió una licencia que autoriza transacciones con la estatal venezolana de minería de oro Minerven.
Según la autorización, empresas o personas vinculadas con Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba no podrán participar en contratos con Minerven. Poco después de emitirse la licencia, llegó a Estados Unidos el primer cargamento de oro venezolano valorado en aproximadamente 100 millones de dólares, que será destinado a usos industriales y comerciales.
Funcionarios estadounidenses han destacado que Venezuela posee alrededor de 500 mil millones de dólares en recursos auríferos, además de otros minerales considerados estratégicos, como bauxita para la producción de aluminio, hierro, carbón y las llamadas “tierras raras”, entre ellas coltán y torio, fundamentales para la fabricación de tecnología moderna, vehículos eléctricos, armamento y energías renovables.
El Parlamento venezolano discute actualmente una nueva ley de minería que busca establecer reglas para la inversión extranjera y la explotación de estos recursos, incluyendo mecanismos de seguridad jurídica y nuevas modalidades de contratación. Las autoridades venezolanas también han asegurado a las empresas interesadas que se ofrecerán garantías de seguridad para operar en el país.
Sin embargo, las zonas mineras del sur de Venezuela —especialmente en la región del Arco Minero del Orinoco— han estado durante años bajo la influencia de grupos armados irregulares, entre ellos la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional, disidencias de las FARC y organizaciones criminales como el Tren de Aragua.
Diversos organismos internacionales y organizaciones ambientales han denunciado que la actividad minera en esta región ha provocado graves daños ambientales y violaciones de derechos humanos. Informes de Organización de las Naciones Unidas han documentado prácticas como trabajo forzado, explotación y redes de trata de personas vinculadas a la extracción de oro.
Organizaciones como S.O.S. Orinoco han advertido que los nuevos acuerdos podrían legitimar una actividad minera asociada con criminalidad, corrupción y devastación ambiental. Para algunos especialistas, el oro extraído en esta región podría considerarse “oro de sangre”, debido a los conflictos y abusos que rodean su explotación.
