Un juez federal declaró inconstitucional la reforma por la cual el Presidente Andrés Manuel López Obrador prohibió nuevos casinos con máquinas tragamonedas, pero además, afirmó que se deben permitir los juegos de ruleta y naipes, que nunca han estado autorizados en dichos establecimientos.
Gabriel Regis, juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa, concedió los primeros tres amparos contra los cambios al Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos (LFJS), que prohíben absolutamente los «sorteos de números», eufemismo para las tragamonedas, y sólo autoriza mantenerlos en 444 casinos que operaban al cierre de 2023, hasta que expiren sus permisos.
Según el juez, desde 2016, la Suprema Corte de Justicia aclaró que la LFJS -que no ha sido reformada desde 1947- sí permite los sorteos, y que este término es aplicable a las máquinas de símbolos o números, cuyo resultado depende del azar y no de la destreza del jugador.
Al amparar 26 empresas permisionarias y operadoras de casinos, encabezadas por las firmas Eventos Festivos de México, Operadora Megawin y Operadora Lami, el juez quien concentra la mayoría de las demandas por este tema también sostuvo que se viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad de quienes apuestan en estas máquinas.
También ruleta, naipes…
Regis también falló contra el artículo 91 del Reglamento, en el cual el Ejecutivo prohibió los juegos de ruleta, dados y naipes, al afirmar que no pueden ser considerados como «sorteos».
Las sentencias incluyen un estudio de la mecánica de la ruleta y el póker, para concluir que la primera es totalmente azarosa, por lo que sí puede ser vista como un sorteo, según el criterio de la Corte, mientras que los juegos de cartas son una mezcla de azar y habilidad, y los dados están expresamente autorizados por la LFJS.
Además, Regis declaró inconstitucional la obligación de tramitar un nuevo permiso ante Gobernación cuando se cambie la ubicación de un casino, y la prohibición de mantener tragamonedas cuando se prorroguen permisos vigentes.
El Gobierno ya impugnó las sentencias, que por ahora no surten efectos.
