La falta de inversión en seguridad pública por parte de la mayoría de los ayuntamientos de San Luis Potosí ha generado rezagos importantes en las tareas de prevención del delito y ha obligado a que la Guardia Civil Estatal asuma funciones que corresponden directamente a las corporaciones municipales.
Así lo advirtió el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien señaló que más de la mitad de los 59 municipios del estado no han mostrado disposición para destinar recursos propios al fortalecimiento de la seguridad pública, pese a que desde el inicio de las actuales administraciones se les solicitó asumir responsabilidades básicas como la prevención y atención de delitos del fuero común.
El mandatario explicó que, tras una plenaria de seguridad realizada hace aproximadamente un año, únicamente diez municipios atendieron el llamado para invertir en equipamiento, contratación de personal y acciones preventivas. El resto, dijo, optó por depender del despliegue de la corporación estatal, incluso en tareas que son plenamente municipales, como la atención de robos a comercio, casa habitación y labores de vigilancia preventiva.
Gallardo Cardona señaló que esta situación ha llevado a que la Guardia Civil Estatal realice operativos en escuelas y acciones de proximidad social en algunos municipios, funciones que deberían ser cubiertas por las policías locales, lo que, afirmó, evidencia la falta de compromiso de varias administraciones municipales con la seguridad de la población.
Asimismo, dio a conocer que en algunos casos se retiraron radiopatrullas a ayuntamientos que incumplieron con los pagos establecidos en los esquemas de apoyo estatal, al no aportar los recursos comprometidos para la adquisición de unidades destinadas a tareas de seguridad.
El gobernador adelantó que este escenario será revisado a fondo en una nueva reunión de seguridad programada para finales de esta semana, en la que participarán autoridades municipales, la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General de la República, la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Finalmente, indicó que en dicho encuentro se evaluarán las metas cumplidas y los compromisos incumplidos por los municipios, con el objetivo de establecer una planeación clara de recursos y responsabilidades para 2026. Advirtió que los ayuntamientos que no cumplan con su obligación constitucional en materia de seguridad podrían dejar de recibir apoyo estatal.
