Familias de personas desaparecidas e integrantes de colectivos civiles tomaron las instalaciones de la Fiscalía de Derechos Humanos en la capital potosina, cerrando los accesos con candados, en protesta por lo que califican como una omisión histórica y un proceso de desmantelamiento de las capacidades de investigación del Estado frente a la crisis de desapariciones que atraviesa el país.
La movilización, que ya registra la llegada de activistas provenientes de distintos municipios del interior del estado, responde al incumplimiento de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, que desde 2017 ordena la creación de una Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas, instancia que, a ocho años de su aprobación, continúa sin operar formalmente en San Luis Potosí.
A través de un manifiesto, las familias denunciaron que, lejos de fortalecer la estructura institucional encargada de la búsqueda, el Estado ha optado por decisiones que consideran regresivas, como la remoción de la persona responsable del área de búsqueda dentro de la Fiscalía, una medida que calificaron de autoritaria y que rompe la continuidad de investigaciones sensibles y de largo aliento.
“Ni se creó la Fiscalía especializada, ni se fortalecieron los procesos; al contrario, los están desmantelando”, señalaron las madres buscadoras durante la protesta, al advertir que la falta de voluntad política ha dejado en el abandono cientos de expedientes.
El reclamo cobra mayor relevancia debido a la existencia de más de 200 carpetas de investigación y averiguaciones previas que, de acuerdo con los colectivos, han arrojado resultados considerados positivos, es decir, posibles hallazgos que actualmente dependen de confrontas genéticas para confirmar identidades. Las familias cuestionaron a qué intereses responde el cambio de personal justo en una etapa clave para los procesos de identificación.
Las manifestantes subrayaron que su presencia en las instalaciones no constituye un “estorbo administrativo”, sino una exigencia legítima de justicia frente a la opacidad en los movimientos internos de personal y la ausencia de decisiones para dotar de presupuesto, autonomía y capacidades técnicas a la unidad de búsqueda.
Entre las demandas planteadas por los colectivos —entre ellos la Asociación Fe y Esperanza por los Nuestros— se encuentran la creación inmediata de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas conforme a la ley, la restitución o, en su caso, transparencia total sobre los perfiles encargados de las áreas de investigación, así como la garantía de continuidad para las más de 200 carpetas activas y los procesos de confronta genética pendientes.
Las familias advirtieron que, de no obtener una respuesta directa y resolutiva por parte de las autoridades estatales, las acciones de protesta escalarán y el bloqueo de las instalaciones se mantendrá por tiempo indefinido, bajo una consigna clara: “La búsqueda no se desmantela”.
