Hasta el momento, el Gobierno del Estado no ha presentado ninguna denuncia formal contra la organización Cambio de Ruta A.C. para exigir retribuciones económicas por la presentación de impugnaciones legales contra obras estatales, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí(FGE).
Lo anterior ocurre luego de que el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, advirtiera sobre la posible generación de responsabilidades contra dicha organización, y de que el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona señalara públicamente que se buscaría “cobrar” a Cambio de Ruta A.C. los presuntos retrasos financieros derivados de suspensiones judiciales promovidas contra distintas obras gubernamentales.
Cuestionada sobre si la FGE tendría facultades para atender una eventual demanda en ese sentido, García Cázares precisó que primero deberá conocerse el contenido específico de cualquier denuncia, ya que solo a partir del punto toral de la acusación podría determinarse la intervención del Ministerio Público.
Por su parte, Luis González Lozano, abogado y director general de Cambio de Ruta A.C., informó que envió un escrito al gobernador Gallardo Cardona en el que argumenta que la presentación de juicios de amparo no constituye una conducta ilícita, sino un derecho legal plenamente reconocido.
El activista ambiental advirtió además que los señalamientos públicos realizados por autoridades estatales podrían vulnerar compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano.
“La estigmatización pública de personas defensoras de derechos humanos por parte de autoridades estatales contraviene el contenido y el espíritu del Acuerdo de Escazú, tratado internacional ratificado por México, que obliga a las autoridades a prevenir, abstenerse y sancionar cualquier forma de intimidación, amenaza o criminalización contra quienes defienden el medio ambiente”, sostuvo.
El posicionamiento de la FGE deja en claro que, hasta ahora, no existe procedimiento penal en curso contra la organización ambientalista, mientras el debate se mantiene en el ámbito político y jurídico.
