El colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros denunció presuntas irregularidades en el manejo de fosas comunes y clandestinas, así como falta de información oficial sobre los avances en la localización de personas desaparecidas en San Luis Potosí, situación que —aseguran— ha obstaculizado el trabajo de las madres buscadoras.
Señalan opacidad en la Fiscalía
La vocera del colectivo, Edith Pérez Rodríguez, acusó a la titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, María Manuela García Cázares, de mantener una política de opacidad durante los dos años que lleva al frente de la institución.
De acuerdo con la activista, aunque la Fiscalía ha informado públicamente sobre avances en distintos casos, no se ha entregado a las familias un informe general que permita dar seguimiento puntual a las investigaciones.
Pérez Rodríguez cuestionó la ausencia de reportes consolidados sobre hallazgos relevantes y mencionó que en un punto conocido como Laguna del Mante se habrían localizado decenas de prendas, entre ellas alrededor de 45 bóxers, sin que exista información pública sobre posibles identificaciones o peritajes. Señaló que estos indicios podrían ser fundamentales para ubicar a personas desaparecidas.
Denuncian manejo irregular de fosas
La activista también denunció la existencia de una fosa común en el panteón de El Saucito con más de 600 cuerpos inhumados —según su dicho— sin necropsia ni registros completos, lo que consideró una omisión institucional grave.
Añadió que, desde la experiencia del colectivo, este tipo de espacios suele estar relacionado con contextos de violencia vinculados al crimen organizado.
En el municipio de Ciudad Valles, afirmó que desde septiembre del año pasado se han detectado al menos 15 fosas clandestinas o zonas que describió como “de exterminio”, donde se han localizado fragmentos óseos humanos y prendas de vestir, lo que evidenciaría la magnitud del problema en la región Huasteca.
Finalmente, Pérez Rodríguez acusó que algunos procedimientos realizados por la Fiscalía podrían no ajustarse a los protocolos establecidos para el procesamiento de fosas y lamentó la falta de claridad sobre quién asumiría responsabilidades ante una eventual denuncia, debido a cambios internos dentro de la institución.
Según indicó, esta incertidumbre jurídica dificulta que las familias puedan exigir rendición de cuentas y acceder a información transparente sobre el paradero de sus seres queridos.
