Lucio tiene una vida como la de cualquier niño de su edad. Va a la escuela, tiene amigos, celebra cumpleaños y cada 10 de mayo hace regalos. Ese día, cuando su colegio preguntó a su papá, Salvador Loyola, a quién debía entregar el presente, decidió que fuera el propio Lucio quien eligiera. El niño optó por hacer dos: uno para su abuela y otro para Salvador. En su salón, cuenta su padre, había dibujos y manualidades que representaban distintos tipos de familias. Nadie se sorprendió por la suya.
Lucio nació mediante un proceso de gestación subrogada. Para Salvador, un hombre soltero y gay, esa fue la única vía posible para formar una familia. La adopción en México, explica, es un camino prácticamente inaccesible para perfiles como el suyo, donde se privilegia a las parejas heterosexuales. Por ello inició su proceso en Puerto Vallarta, pero terminó realizándolo en Estados Unidos, donde encontró un marco legal que le dio certeza desde el primer día: Lucio quedó registrado como su hijo en el acta de nacimiento.
Ese contraste define la realidad de la gestación subrogada en México. La práctica existe, se realiza todos los días, pero opera en una zona gris jurídica que deja en incertidumbre a bebés, mujeres gestantes y padres de intención.
Salvador decidió narrar públicamente su experiencia a través de su cuenta de Instagram, @papasolteroo. Lo que comenzó como un espacio personal para documentar su camino como padre se convirtió en una comunidad de miles de personas que le escriben para preguntar, informarse y encontrar acompañamiento. La visibilidad, dice, ha servido para desmontar mitos y para evitar que otras personas atraviesen el proceso desde el silencio y la desinformación. “Es un camino que se recorre un poco a ciegas”, explica. “Durante meses no sabes si todo va a salir bien, si los trámites se van a atorar o si algo puede salir mal. La incertidumbre es parte del proceso”.
Para organizaciones como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la gestación subrogada es una práctica vinculada a los derechos humanos: gestar para otras personas bajo un esquema de voluntad libre, consentimiento informado y acompañamiento médico. Sin embargo, en México no existe una ley federal que la regule. Solo algunos estados, como Tabasco y Sinaloa, la han legislado de forma parcial, mientras que otros, como Querétaro o San Luis Potosí, no la reconocen. En estos casos, los bebés nacidos por esta vía deben ser registrados a nombre de la mujer que los gestó, aunque no sea su madre genética ni social.
La consecuencia es que muchos niños quedan atrapados en un limbo jurídico. Sin un acta de nacimiento clara, no pueden obtener CURP, pasaporte ni acceso inmediato a servicios de salud. En la práctica, muchas familias se ven obligadas a recurrir al amparo para que el Estado reconozca una realidad que ya existe.
Desde GIRE advierten que las restricciones no eliminan la práctica, solo la desplazan. En 2012, cuando países como Tailandia, India y Nepal endurecieron o prohibieron la gestación subrogada, la demanda internacional se trasladó a territorios sin regulación clara, como Camboya. Allí, el gobierno obligó a más de 40 mujeres gestantes a permanecer en prisión si no aceptaban quedarse con los bebés que llevaban en el vientre. La prohibición, lejos de proteger, empujó los procesos a la clandestinidad y multiplicó los abusos.
Salvador fue testigo de una realidad distinta en Estados Unidos. En Oklahoma, donde nació Lucio, el certificado de nacimiento lo reconoció desde el primer momento como su padre. Billy, la mujer que gestó al niño, firmó los documentos que la desligaban de cualquier vínculo legal. La relación entre ambos, sin embargo, trascendió lo contractual. Mantienen contacto, se escriben en fechas importantes y Lucio sabe quién es Billy y el papel que tuvo en su vida. “Ella solo es la gestante”, explica Salvador. “El óvulo fue de otra persona. Pero lo más importante es que todo se decidió de manera conjunta”.
Del otro lado del proceso está Itzel, una mujer de 36 años que decidió convertirse en gestante para ayudar a una familia y financiar los estudios universitarios de su hija. Su camino comenzó con una batería de filtros: ultrasonidos, análisis de sangre, evaluaciones psicológicas y una revisión socioeconómica. Después vinieron las hormonas, los anticonceptivos, el estradiol, la progesterona y un control médico constante. Cada medicamento debía comprobarse con fotografías enviadas a la agencia.
A las ocho semanas de gestación, el embrión dejó de tener latido y tuvo que someterse a un aborto inducido. Durante ese proceso recibió apenas dos mil pesos por la prueba positiva de embarazo, poco más de seis mil pesos por transporte y cinco mil pesos correspondientes a la octava semana. El contrato establece que, en caso de aborto o parto prematuro, los pagos se suspenden. Además, como gestante, Itzel se comprometió a realizar hasta tres intentos de transferencia embrionaria, salvo que los padres de intención decidan no continuar.
“El cuerpo no reacciona igual a los 36 que a los 17 o 24 años”, dice. La carga física y emocional es intensa. Aunque cuenta con seguros de gastos médicos y de vida, nunca recibió las pólizas, que permanecen bajo control de la agencia. En muchos casos, añade, también se imponen cesáreas obligadas y se restringe la comunicación directa con los padres de intención.
Desde el punto de vista jurídico, el abogado Juan Paulo Almazán define este escenario como una “alegalidad estructural”. La subrogación no está prohibida, pero tampoco plenamente reconocida. No existe una ley federal que la regule y, en la mayoría de los estados, opera sin un andamiaje normativo claro. Los contratos que se firman son considerados atípicos: no son nulos, pero tampoco plenamente exigibles. Funcionan más como documentos que prueban la voluntad procreacional que como contratos civiles tradicionales.
Esto implica que, si un juez o un Registro Civil decide desconocerlos, no producen efectos automáticos. La gestante puede quedar registrada como madre legal, aunque no tenga vínculo genético ni intención de crianza, y los padres de intención deben iniciar juicios de filiación o amparos para que se reconozca su paternidad o maternidad. En la práctica, muchos casos solo se resuelven tras largos procesos judiciales.
El impacto más grave recae en los bebés. Cuando no se reconoce de inmediato su filiación, quedan en una zona de invisibilidad jurídica y se vulneran así derechos básicos protegidos por la Constitución y por la Convención sobre los Derechos del Niño, obligando a las familias a litigar para obtener lo que debería ser automático.
La situación tampoco es mejor para las mujeres gestantes. Desde el punto de vista legal, explica Almazán, son quienes asumen la mayor carga biológica, pero cuentan con la menor protección jurídica. No existen estándares obligatorios sobre atención médica, seguros, acompañamiento psicológico o responsabilidades en caso de complicaciones. Los contratos no siempre son ejecutables ni garantizan su salud física y mental, lo que deja amplios márgenes para abusos.
Para los padres de intención, el riesgo es igualmente alto: falta de reconocimiento de la filiación, dobles maternidades legales, negativas registrales, costos económicos y emocionales elevados y una dependencia casi total del criterio del juez que conozca su caso. En términos reales, no hay certeza jurídica previa; solo soluciones posteriores, caso por caso.
La ausencia de regulación no ha eliminado la práctica. La ha vuelto más frágil. Sin supervisión estatal, sin reglas claras y sin mecanismos administrativos, la gestación subrogada opera en zonas grises donde la asimetría de poder y la falta de controles abren la puerta tanto a la indefensión como a la explotación encubierta.
Lucio, mientras tanto, sigue creciendo. En su escuela, su familia es una más entre muchas. Itzel se prepara para enfrentar un nuevo intento de gestación, consciente de los riesgos físicos, emocionales y económicos que implica. Salvador continúa contando su historia para que otras personas no atraviesen el proceso en soledad ni desinformación.
La gestación subrogada en México no es un vacío moral: es un vacío legal. Y mientras ese vacío persista, quienes nazcan, gesten o intenten formar una familia seguirán dependiendo no de la ley, sino de la suerte y de los tribunales.
