Luego de que el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona propusiera que las candidaturas a las presidencias municipales sean sometidas a exámenes de control y confianza, así como pruebas toxicológicas, el titular de la Secretaría General de Gobierno de San Luis Potosí, J. Guadalupe Torres Sánchez, reconoció no estar completamente seguro de que dicha iniciativa sea constitucional o que no vulnere derechos humanos.
El funcionario estatal matizó que, si una persona desea aspirar a un cargo de elección popular, no debería existir resistencia a someterse a este tipo de evaluaciones, al sostener que “el que nada debe, nada teme”.
Torres Sánchez señaló que el Poder Ejecutivo estatal siempre impulsará planteamientos enfocados en garantizar postulaciones con perfiles rectos, honestos y honorables, al considerar que ello permitiría fortalecer los valores dentro de la clase política.
No obstante, reconoció que cualquier propuesta de este tipo debe ser analizada y, en su caso, legislada por el Congreso del Estado, a fin de determinar si es constitucional o si podría representar una reforma que violente derechos humanos.
El secretario general subrayó que, aunque el objetivo es elevar la calidad de los perfiles que compiten por cargos públicos, corresponde al Poder Legislativo evaluar la viabilidad jurídica de imponer este tipo de requisitos a quienes busquen una alcaldía.
