Por cuarta ocasión en menos de una década, autoridades locales y colectivos de búsqueda han reabierto la fosa común del panteón municipal de Pedro Amaro, en Jojutla, Morelos, en un esfuerzo por identificar los restos de personas desaparecidas. Tras cuatro semanas de labores, las buscadoras han informado que han sido localizados al menos 60 cuerpos, de los cuales entre 10 y 12 serían de bebés o menores de edad, y una cifra similar correspondería a mujeres.
Este nuevo hallazgo profundiza la crisis forense en el estado, que desde 2015 reveló, primero en Tetelcingo y luego en Jojutla, prácticas irregulares de la Fiscalía estatal en el entierro de cuerpos no identificados, algunos sin autopsias o sin los registros básicos requeridos.
“Están saliendo cosas que no imaginamos, no nos había tocado ver una situación así”, relató Romana García, madre buscadora, en entrevista con La Jornada. A su vez, Amalia Alejandra Hernández Hernández, otra familiar participante en las labores, denunció a Proceso que el conteo oficial sigue sin ser claro y cuestionó la ausencia de especialistas durante la excavación: “No contaron con un antropólogo físico ni arqueólogo adscrito a la Fiscalía”, afirmó.
Trabajo detenido por lluvias y fallas estructurales
Las tareas de exhumación fueron suspendidas por la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada, tras detectar fracturas en el muro perimetral del panteón a causa de las lluvias intensas derivadas del paso del huracán Erick. En un comunicado del 26 de mayo, la Fiscalía detalló que los trabajos habían iniciado con excavación mecánica a 50 centímetros de profundidad y avanzarían hasta el metro mediante labores manuales, sin embargo, las condiciones climáticas interrumpieron la etapa final.
Reclamos a la Fiscalía y exigencia de presencia institucional
Los colectivos han exigido la presencia del fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, y han pedido al Congreso local que intervenga. “Queremos que venga, vea cómo trabajamos, escuche a las víctimas y sepa lo que pasa. No es lo mismo que recibir una tarjeta informativa”, enfatizó Hernández.
Desde 2017, cuando se abrió por primera vez la fosa de Jojutla, se han realizado cuatro intervenciones. En esa primera ocasión, la Fiscalía desenterró más de 80 cadáveres, cifra que casi triplicó lo que había sido registrado oficialmente.
Por su parte, la comisionada estatal de víctimas, Penélope Picazo, confirmó que se está valorando una quinta intervención ministerial, dada la magnitud de restos hallados en esta última jornada.
Impunidad, crisis forense y desconfianza
El caso de Jojutla, como el de Tetelcingo, expone una de las dimensiones más crudas de la crisis de desaparecidos en México: la falta de protocolos, transparencia y justicia en el manejo de restos humanos por parte de las fiscalías estatales. Ambos cementerios han sido señalados por activistas como evidencia del papel que el propio Estado ha jugado en la desaparición de personas.
“El Estado también desaparece personas”, sentenció el poeta y activista Javier Sicilia, refiriéndose a los hallazgos en Morelos. Hasta la fecha, no hay un conteo oficial ni definitivo de las personas exhumadas ni identificadas plenamente en Jojutla, un pendiente que sigue acrecentando el dolor de cientos de familias que buscan a sus seres queridos.
