- Abandono masivo, cifras invisibles y venta clandestina hacen que la problemática persista
- ¿Hasta qué punto deben llegar las políticas de protección animal cuando colisionan con los derechos humanos, la seguridad pública y las capacidades institucionales?
Miles de perros deambulan diariamente por calles, baldíos, mercados y colonias de San Luis Potosí. Algunos fueron abandonados por sus dueños; otros nacieron en la calle y jamás conocieron un hogar. En un contexto de desinterés social y omisión institucional, la problemática de los perros callejeros se ha convertido en una crisis ética, sanitaria y de seguridad pública.
Pero además de la postura de los colectivos, está la realidad que enfrentan los municipios, pues entre el reclamo de vecinos por ataques caninos y la presión de asociaciones civiles que defienden la vida de los perros en situación de calle, se tienen que tomar acciones con recursos casi nulos o limitados.
De acuerdo con estimaciones de asociaciones animalistas y autoridades locales, entre 300 mil y 400 mil perros viven en situación de calle en la zona metropolitana de San Luis Potosí. Sin embargo, no existe un censo oficial actualizado.
“La cifra real podría ser mayor. Muchos nacen y mueren sin que nadie los registre, sin vacuna, sin comida, sin nombre”, afirma Karla Medina, rescatista voluntaria desde hace 8 años.
Una de las principales causas del abandono es la venta indiscriminada de perros en tianguis, redes sociales o criaderos clandestinos. Cachorros de razas “de moda” se venden por unos cientos o miles de pesos, sin garantías ni seguimiento.
“Muchas familias compran por impulso. Regalan cachorros en cumpleaños o Navidad, pero cuando crecen, ensucian o enferman, los tiran como si fueran basura”, denuncia Karla Medina.
En redes sociales abundan casos de perros de raza encontrados vagando en la calle: pitbulls, french poodles, huskies. Algunos con collar, otros golpeados, la mayoría desnutridos.
“Esterilizar y educar o no hay solución”
“Las 500 esterilizaciones que hacemos este mes no van a servir para nada si no se acompañan de educación y continuidad”. Con esta frase, Margarita Pizzuto, presidenta y fundadora de Estancia para el Perro Abandonado Santa Martha A.C., resume el profundo desafío que enfrenta San Luis Potosí ante la creciente sobrepoblación de perros y gatos en situación de calle.
Con 17 años de trabajo ininterrumpido en la protección y rescate de animales, Pizzuto ha sido testigo de cómo el problema se ha agravado hasta convertirse en un tema de salud pública, ambiental y de violencia social. “La gente cree que el tema es solo de los perros abandonados, pero no es así. Es zoonosis, son enfermedades que se pueden transmitir al humano, es contaminación por heces en la vía pública, es agresión, es desinformación”, explicó.
Actualmente, su organización trabaja de la mano con médicos de la Secretaría de Salud y autoridades municipales en campañas gratuitas de esterilización. Sin embargo, advierte que los esfuerzos aislados no bastan. “Nosotros logramos unas 2,000 esterilizaciones al año con recursos propios, buscando padrinos, haciendo rifas, vendiendo cosas. Pero si no se esterilizan al menos 45,000 o 50,000 perros anualmente solo en San Luis Potosí y comunidades cercanas, esto no va a cambiar”, subrayó.
Para la activista, la clave está en un cambio profundo de conciencia. “Las personas que no están en asociaciones tienen que dejar de alimentar a perros que bajan del cerro. Luego se hacen jaurías, se adueñan del lugar, agreden a personas, y todo termina en envenenamientos. Es un círculo de violencia que nace de la desinformación”, lamentó.
A pesar de tener un albergue, Pizzuto insiste en que los refugios no son la solución. “El albergue es una oportunidad para ciertos perros rescatados, pero no resuelve la raíz del problema. Se requieren campañas de esterilización masivas, gratuitas y con enfoque epidemiológico. La sobrepoblación animal ya es un tema de salud pública”, sentenció.
Una crisis que los activistas no pueden resolver solos
La problemática de los perros callejeros en San Luis Potosí continúa creciendo, impulsada por la indiferencia institucional y la falta de voluntad política, así lo denunció Claudia Anguiano Cañizales, presidenta de la asociación Protección Legal de los Animales (Prolean).
“Hemos avanzado bastantísimo gracias al movimiento ciudadano. Hoy vemos gente que adopta perros comunitarios, que esteriliza y cuida. Pero mientras los gobiernos sigan delegando en los activistas lo que les corresponde a ellos, no habrá solución estructural”, sentenció Anguiano.
Aunque -dijo- no existen cifras oficiales sobre cuántos perros viven en situación de calle en San Luis Potosí, Claudia Anguiano reconoció que en zonas periféricas es común encontrar animales atropellados, desnutridos o abandonados.
Uno de los mayores obstáculos, aseguró, es la lentitud con que la Fiscalía General del Estado atiende las denuncias por maltrato. Los procesos pueden tardar semanas, y mientras se avanza con burocracia, muchos animales mueren.
“Te tardas tanto en lograr que se integre la carpeta que, cuando la autoridad actúa, el animalito ya falleció”, dijo.
Claudia Anguiano subrayó la necesidad urgente de reformar el artículo 317 del Código Penal del Estado, que contempla sanciones de hasta 5 años de cárcel por maltrato animal, pero que rara vez se aplica.
“En la Ciudad de México las sanciones son más severas. Aquí, aunque hay delitos evidentes, los jueces suelen optar por suspensiones condicionales. Se paga el daño y asisten a terapia, pero no hay prisión. Eso no es justicia”, advirtió.
Recordó el caso reciente en el fraccionamiento Tecnológico, donde un perro fue víctima de maltrato reiterado por parte de una vecina previamente denunciada.
“Hace seis años presenté la denuncia, pero no hubo seguimiento. Ahora ocurrió otra vez. Esto demuestra el abandono institucional que vivimos”, lamentó.
Para Prolean, uno de los problemas más graves es que las autoridades municipales, especialmente en Soledad de Graciano Sánchez, no asumen su papel.
“El gobierno municipal cree que, porque existen activistas, ya no le toca actuar. Protección Civil se lleva animales sin tener facultades legales para hacerlo, como pasó en Hogares Populares, donde desaparecieron nueve cachorros recién nacidos y nadie da explicaciones”, denunció.
Anguiano hizo un llamado público al Ayuntamiento de Soledad para que revise sus reglamentos, informe del paradero de esos cachorros y deje de permitir que áreas no competentes intervengan en casos de animales indigentes.
La activista propuso como medida clave una política masiva y gratuita de esterilización, coordinada entre sociedad y gobierno. Criticó que muchos municipios, a pesar de tener facultades legales para crear albergues, no lo han hecho.
“Mientras se siga comprando, se seguirá reproduciendo. El día que la gente deje de comprar perros, bajará la indigencia animal. Pero si ni siquiera tenemos albergues ni campañas permanentes, vamos a seguir tapando el sol con un dedo”, señaló.
También pidió tolerancia social: “Aún hay quienes corren a los perros de los negocios cuando buscan refugio del sol o la lluvia. Se requiere empatía y legislación que proteja también a los animales callejeros que no tienen un hogar ni comunidad”.
Municipios enfrentan crisis por sobrepoblación de perros callejeros
Pero además de la postura de los colectivos está la realidad que enfrentan los municipios, uno de los casos es Villa de Pozos que se encuentra en medio de un dilema legal, logístico y ético, así lo expresó Alejandro Leal Espinosa, titular de la Dirección de Ecología del municipio, quien reconoce que la autoridad local no cuenta ni con los recursos ni con el personal necesario para enfrentar el problema.
“La nueva Ley de Protección a los Animales, publicada en 2021, cambió completamente la forma en que se aborda la sobrepoblación de perros y gatos. Ahora ya no es el Estado quien los recoge y sacrifica si no hay adopción; ahora se promueve una metodología que consiste en esterilizar, resguardar y soltar al animal de nuevo a la calle”, explicó Leal Espinosa.
Aunque la intención de la ley es proteger la vida y dignidad de los animales, en la práctica ha provocado un aumento de perros sueltos en la vía pública. “El problema es que, si un perro vive 15 años, aunque ya no se reproduzca, sigue en la calle generando riesgos y afectaciones: pueden ser atropellados, envenenados, maltratados, o volverse agresivos y atacar a personas”, añadió.
La falta de infraestructura municipal es crítica. En Villa de Pozos no hay veterinario de planta, quirófano, ni presupuesto asignado este año para campañas de vacunación o esterilización. “Se supone que ahora es responsabilidad del municipio, pero no hay recursos. Ninguno de los 59 municipios del estado ha logrado consolidar su centro de salud animal”, sostuvo el funcionario.
Además de la presión legal, el Ayuntamiento enfrenta conflictos vecinales por la instalación de “casas comunitarias” para perros en banquetas y camellones, promovidas por grupos animalistas. “Tengo casos donde una vecina me dice que un perro le mordió al hijo y que ahora el niño no quiere salir, mientras que otra vecina exige que no se muevan las casitas porque son de perritos comunitarios. Estamos entre dos extremos”, relató.
Desde la visión del titular de Ecología, la política pública actual presenta vacíos importantes. “La metodología está llena de lagunas. Mientras tanto, los perros siguen defecando en la vía pública, rompiendo bolsas de basura, afectando la salubridad y la movilidad urbana. Esto también impacta el derecho humano al libre tránsito”, advirtió.
Leal Espinosa hizo un llamado a revisar el enfoque de la ley. “Se está priorizando a un animal sobrepoblado que representa un problema, como si estuviéramos hablando de ballenas o especies en peligro de extinción. No hay cómo atender dignamente a 400 mil perros. Se necesita una política más dura y realista”, concluyó.
Consecuencias sanitarias y sociales
Los perros callejeros no solo sufren, también representan un riesgo para la salud pública:
- Transmiten enfermedades como sarna, parvovirus y rabia.
- En zonas rurales y marginadas, atacan a otros animales o niños.
- Provocan accidentes viales y alteran el ecosistema urbano.
Sin políticas firmes de control y cuidado, la situación empeora año con año.
¿Qué se necesita?
Activistas, veterinarios y especialistas coinciden en que la solución debe ser multidimensional:
- Campañas permanentes de esterilización gratuita, especialmente en zonas periféricas.
- Regulación estricta de la venta de animales, incluyendo criaderos y mercados.
- Educación en tenencia responsable desde escuelas y medios de comunicación.
- Refugios dignos y suficientes con apoyo estatal y municipal.
- Aplicación real de sanciones contra maltrato y abandono.
