La iniciativa ciudadana que busca derogar la llamada “Ley Serrano” ya fue presentada ante el Congreso del Estado, en medio de los cuestionamientos de periodistas y organizaciones civiles que advierten riesgos para la libertad de expresión derivados de la reforma penal aprobada en San Luis Potosí.
Ante ello, el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Héctor Serrano Cortés, sostuvo que la legislación permanecerá vigente mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no determine lo contrario.
La propuesta, impulsada por la organización Artículo 19 y ciudadanos potosinos, plantea eliminar la reforma aprobada en noviembre de 2025 para sancionar el uso indebido de inteligencia artificial. Sus promoventes argumentan que los tipos penales contienen conceptos ambiguos que permiten interpretaciones amplias y podrían derivar en restricciones al ejercicio periodístico y a la libertad de expresión.
En respuesta, Serrano afirmó que la norma continúa plenamente vigente y recordó que actualmente la SCJN analiza la Acción de Inconstitucionalidad 132/2025, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El legislador insistió en que el recurso fue presentado de manera oficiosa por el organismo nacional y aseguró que la legislación dejará de aplicarse únicamente si así lo determina el máximo tribunal del país.
“Hoy hay una norma vigente y evidentemente quien se encauce en esos supuestos es un delito y quien los cometa será un delincuente, así como aparece, como está”, expresó.
El diputado también respondió a las críticas surgidas tras la aplicación de la reforma, particularmente luego de las detenciones relacionadas con presunta difusión de contenidos elaborados mediante inteligencia artificial.
Serrano aseguró que la libertad de expresión se encuentra garantizada dentro del marco legal vigente y consideró que existe una estrategia para posicionar públicamente el debate en torno a la legislación.
Incluso, señaló que, a título personal, ha sido señalado como el “autor intelectual” de los cuestionamientos dirigidos contra la norma.
Además de solicitar la derogación de la reforma, los promoventes retomaron los argumentos expuestos por la CNDH ante la Suprema Corte, donde se advierte que la redacción de los tipos penales carece de precisión suficiente para delimitar con claridad las conductas sancionables.
También cuestionaron que, en los casos recientes vinculados con la aplicación de la ley, las autoridades no hayan explicado públicamente cuáles fueron las conductas específicas que motivaron los procesos penales iniciados.
