Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que hospitales públicos en San Luis Potosí aún conservan ventiladores modelo E30 de la marca Philips, equipos que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha calificado como peligrosos para la salud desde junio de 2021, por el riesgo de que los pacientes inhalen materiales tóxicos.
De acuerdo con el reportaje, estos ventiladores fueron parte de un lote de dos mil unidades donadas por el gobierno de Estados Unidos durante la emergencia sanitaria por COVID-19 en mayo de 2020. Los equipos fueron recibidos por el entonces canciller Marcelo Ebrard y enviados a 255 hospitales en todo el país, incluidos al menos 58 dispositivos repartidos en centros médicos de San Luis Potosí.
Entre las instituciones potosinas que recibieron los respiradores figuran hospitales generales y básicos comunitarios en Aquismón, Ciudad del Maíz, Ciudad Valles, Ébano, Matehuala, Rioverde, Salinas, Soledad, Tamuín, Villa de Arista y Xilitla.
Según la investigación de MCCI, la FDA alertó que la espuma de poliuretano con base de poliéster (PE-PUR), utilizada para reducir el ruido en los ventiladores Philips E30, puede deteriorarse y liberar partículas o sustancias químicas que pueden ser inhaladas o ingeridas, lo que podría ocasionar lesiones graves e incluso la muerte. De hecho, entre abril de 2021 y marzo de 2023, la FDA recibió más de 105 mil reportes de fallas relacionadas con estos equipos, incluyendo 385 muertes.
A pesar de las advertencias internacionales y de que la propia Secretaría de Salud federal reconoció en documentos internos que estos equipos debían ser retirados al finalizar la emergencia sanitaria, hospitales como el Instituto Nacional de Pediatría, el Instituto Nacional de Cardiología y servicios estatales como los de Guanajuato y San Luis Potosí, aún reportan tener estos dispositivos en su inventario activo.
MCCI afirma haber solicitado información tanto a la Secretaría de Salud federal como a las secretarías estatales de Salud de Guanajuato y San Luis Potosí sobre si los ventiladores siguen en uso, pero no obtuvo respuesta al cierre de su investigación. Tampoco hubo comunicación por parte de la empresa Philips México.
Cada ventilador costó alrededor de 10 mil dólares, por lo que el lote total representó una inversión estimada de 20 millones de dólares para el erario mexicano.
El caso levanta preocupaciones sobre el manejo de equipo médico potencialmente peligroso en hospitales públicos y abre cuestionamientos sobre la falta de transparencia, seguimiento y supervisión por parte de autoridades sanitarias, a pesar de las advertencias de organismos internacionales como la FDA.
