El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, consideró “importante entrarle” a la discusión legislativa sobre la llamada castración química como sanción para agresores sexuales, al señalar que es una tendencia en distintas regiones del mundo.
El funcionario respondió así al dato de que, en los últimos dos años, solo 19% de las carpetas por violación radicadas en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado concluyó en sentencia. Reconoció que existen colectivos de derechos humanos que se oponen a esta medida, pero subrayó que el objetivo es debatir ideas y evaluar su viabilidad jurídica y social.
Torres Sánchez llamó al Congreso del Estado a discutir y analizar la propuesta vigente. El 19 de abril de 2023, el PVEM —acompañado por el PT— presentó una iniciativa que evita el término “castración química” y la define como un “tratamiento médico” con fármacos “para reducir el libido”.
La discusión, dijo, debe centrarse en la protección de la población potosina, sin dejar de lado el respeto a los derechos humanos y el marco legal aplicable.
