El Gobierno del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene su intención de atacar con drones a los cárteles del narcotráfico en México, revelaron fuentes de seguridad estadounidenses a la cadena NBC News.
Las discusiones entre funcionarios de inteligencia, el Departamento de Defensa y la Casa Blanca en relación con dicha estrategia, que contempla una posible ofensiva con drones, están en una etapa temprana, difundió el medio estadounidense que citó a seis cargos militares, policiales y de inteligencia estadounidenses.
Si bien el Gobierno de Trump buscaría la cooperación del Gobierno mexicano, las fuentes citadas por NBC News dijeron que «una acción encubierta unilateral,sin el consentimiento de México, no ha sido descartada y podría ser una opción de último recurso».
«Aun así, la Administración no ha tomado ninguna decisión final ni ha llegado a ningún acuerdo definitivo sobre cómo contrarrestar a los cárteles», informó la cadena estadounidense.
La Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la posibilidad de que el Gobierno de EU realice incursiones con drones en territorio nacional.
«De manera pública lo hemos dicho siempre, no estamos de acuerdo; primero, porque no estamos de acuerdo con ninguna intervención ni injerencismo, nos coordinamos, colaboramos, no nos subordinamos y no hay ni injerencismo.
«Por supuesto que rechazamos cualquiera de estas acciones y tampoco creemos que vayan a ocurrir porque hay mucho diálogo en temas de seguridad y en muchos otros temas. Entonces no, eso en México, no».
Cuestionada en la mañanera, la Mandataria admitió que la idea ha sido planteada por el Gobierno de Trump, aunque no de manera abierta.
«No resolvería nada, se les ha dicho, no es que lo hayan planteado así abiertamente, pero se les ha dicho que eso no resuelve, que lo que resuelve es estar en este trabajo permanente, de atención a las causas y detenciones, que tienen que ver con la inteligencia e investigación, con conocimiento y cero impunidad», expresó.
Sheinbaum recordó que, el pasado 2 de abril, entró en vigor la reforma constitucional que establece prisión preventiva oficiosa y pide la imposición de «la pena más severa posible» a cualquier extranjero que incurra en un acto de intervencionismo en el territorio nacional.
