La reciente aprobación de la reforma que reducirá de forma gradual la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales abrió un debate en San Luis Potosí, ante los posibles efectos en la operación y competitividad de las empresas locales.
La modificación, avalada por el Congreso de la Unión, establece una transición progresiva hacia la jornada de 40 horas para 2030, con recortes de dos horas por año a partir de 2027. El objetivo es mejorar la calidad de vida de los trabajadores y acercar a México a estándares laborales internacionales.
Empresarios prevén aumento de costos
El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), Salvador González Martínez, señaló que el sector empresarial respalda el propósito social de la reforma; sin embargo, advirtió que la transición requerirá acompañamiento institucional para evitar afectaciones a la competitividad.
Dirigentes locales de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) coincidieron en que la medida implicará un incremento en los costos operativos.
La presidenta local de Coparmex, Ana María Abascal Sainz, afirmó que la reforma no debe verse como “catastrófica”, pero sí exige incentivos federales enfocados en productividad y capacitación. Advirtió que, sin una estrategia clara, muchas empresas deberán contratar personal adicional para cubrir turnos, lo que elevará gastos en nómina, prestaciones y cuotas de seguridad social.
Reorganización productiva y tecnología
Por su parte, la dirigente de Canacintra en la entidad, Imelda Elizalde Martínez, consideró que la reducción de la jornada demandará una reconfiguración profunda del sistema productivo. Señaló que la reorganización de turnos, la incorporación de tecnología y la profesionalización del capital humano serán claves para mantener la competitividad.
En una entidad con fuerte presencia industrial y manufacturera, especialmente en los sectores automotriz y de transformación, la medida podría implicar retos logísticos y operativos relevantes.
El sector patronal insistió en que el éxito de la reforma dependerá de políticas públicas que incentiven la productividad y compartan los costos de la transición. Aunque la jornada de 40 horas se perfila como un avance en derechos laborales, su implementación exigirá ajustes graduales, diálogo constante y coordinación entre autoridades y empresas para evitar impactos negativos en la economía local.
