El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) pasó de ser un órgano autónomo a convertirse en una simple oficina de trámite del gobierno estatal, y el Congreso de San Luis Potosí evidenció la desaparición del equilibrio entre poderes al aprobar lo que calificó como un “acto de abuso de autoridad” para impedir que haya candidatos varones a la gubernatura en 2027, advirtió el presidente del Consejo Empresarial Potosino (CEP), Héctor D’Argence Villegas.
El dirigente empresarial consideró que la reforma electoral que obliga a postular únicamente mujeres para la elección de la gubernatura es violatoria de derechos fundamentales y contraria incluso a estándares internacionales en materia de derechos político-electorales. Por ello, expresó su confianza en que la medida sea impugnada ante los tribunales y que, eventualmente, sean los ciudadanos quienes ganen la defensa de estos derechos.
D’Argence Villegas señaló que el proceso legislativo dejó una percepción pública grave, al considerar que la aprobación de la reforma estuvo acompañada de un “pago político” reflejado en un desayuno y la rifa de camionetas entre legisladores, aunque reconoció que no se conoce con exactitud el monto de los beneficios entregados.
También cuestionó el voto a favor de legisladores que se identifican como oposición. Dijo que le sorprendió que dos diputadas del PAN, Mireya Vancini Villanueva y Aranzazú Puente Bustindui; la dirigente estatal del PRI y presidenta del Congreso, Sara Rocha Medina; así como el diputado Marco Gama, presidente estatal de Movimiento Ciudadano, respaldaran una iniciativa que, afirmó, “lejos de procurar la paridad de género, resulta claramente excluyente”.
El presidente del CEP recordó que la legislación electoral vigente ya permitía y garantizaba la participación de mujeres en la contienda por la gubernatura, sin necesidad de imponer prohibiciones por género. Como ejemplo, citó las candidaturas de Sonia Mendoza Díaz en la elección contra Juan Manuel Carreras López, así como las de Adriana Marvelli Costanzo y Mónica Liliana Rangel en el proceso electoral de 2021.
Finalmente, Héctor D’Argence Villegas consideró indispensable que la ciudadanía recurra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se revise y, en su caso, se invalide lo que calificó como un acto de abuso de autoridad que vulnera los derechos político-electorales y debilita la autonomía de las instituciones en San Luis Potosí.
