El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, José Roberto García Castillo, reconoció que el Poder Legislativo debió atender la iniciativa ciudadana conocida como “Ley Santi”, luego de que el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí resolviera que existió una omisión legislativa y ordenara dictaminarla en un plazo máximo de tres meses.
El legislador fue cuestionado sobre el hecho de que colectivos ciudadanos tuvieran que recurrir a instancias jurisdiccionales para destrabar una propuesta presentada desde marzo de 2024, a lo que respondió que son asuntos que el Congreso debe estar atendiendo.
García Castillo informó que el próximo martes la Jucopo analizará la resolución emitida por el Tribunal para definir la ruta jurídica que seguirá el Congreso en cumplimiento del fallo judicial.
El diputado atribuyó parte del retraso a los procesos de consulta que requiere la iniciativa y explicó que actualmente el Congreso trabaja junto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la definición de protocolos relacionados con este tipo de ejercicios, situación que, aseguró, ha frenado distintas propuestas legislativas.
Añadió que, una vez establecidos dichos mecanismos, buscarán agilizar los asuntos pendientes dentro del Poder Legislativo.
La resolución deriva del juicio ciudadano TESLP/JDC/09/2026, promovido por integrantes de colectivos de movilidad, quienes denunciaron la falta de trámite de la denominada Ley Santi.
Por unanimidad, el Tribunal Electoral determinó que el Congreso vulneró el derecho de los promoventes a participar en los asuntos públicos e iniciar leyes, al mantener sin avance formal una iniciativa ciudadana durante más de un año.
El fallo ordena reactivar el procedimiento legislativo hasta llegar a la dictaminación final de la propuesta.
Respecto a la participación de organizaciones y colectivos, García Castillo adelantó que buscarán dialogar con todas las partes involucradas una vez que quede definida la ruta de trabajo. “Creo que sí tienen que escuchar las voces de todos y de todas”, declaró.
La iniciativa es impulsada por agrupaciones como Pedaleando SLP, Vida Sobre Ruedas y Coalición de Movilidad Segura, y plantea medidas relacionadas con seguridad vial, controles de velocidad, infraestructura segura, accesibilidad universal y mejoras al transporte público.
