Una madre de familia denunció presuntas irregularidades en el proceso judicial mediante el cual perdió la guardia y custodia de su hija de tres años, Lía, así como posibles actos de abuso y negligencia durante la estancia de la menor en resguardo institucional, donde permanece desde hace tres meses.
Nicole Mazotti relató que desde el embarazo ha enfrentado sola la crianza de su hija, luego de que el padre a quien calificó como ausente no aportara manutención ni cuidados. A pesar de ello, señaló que un juez familiar determinó retirarle la custodia tras considerar negligente un episodio relacionado con la salud de la menor.
Actualmente, mientras se resuelve el proceso legal, la niña se encuentra bajo resguardo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, donde —aseguró la madre— ha sido víctima de malos cuidados e incluso de presuntos abusos por parte del personal.
Mazotti explicó que, tras promover un amparo, acudió a una cita en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde le informaron que el padre contaba con la custodia legal. Sin embargo, ante la posible existencia de riesgos, las autoridades determinaron que la menor permaneciera bajo resguardo institucional.
“Me la quitaron sin haber cometido ningún delito”, afirmó.
La madre también denunció presuntas irregularidades por parte de personal del organismo, incluyendo amenazas y condicionamientos para poder ver a su hija. Señaló directamente a un exfuncionario, quien dijo ya fue destituido tras la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.
Asimismo, aseguró que durante las visitas supervisadas ha detectado golpes, moretones y lesiones en la menor, lo cual dijo haber documentado con fotografías y reportes médicos. Añadió que, pese a entregar tratamientos y recomendaciones por una condición dermatológica de su hija, las afectaciones persistieron.
Ante este escenario, exigió la restitución de la custodia y una investigación a fondo sobre el actuar de los funcionarios involucrados, al considerar que su caso no es aislado.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades estatales, incluyendo al Poder Judicial y al Ejecutivo, para que el caso sea atendido de manera puntual y se garantice el bienestar de la menor.
