La dirigente estatal de Movimiento Regeneración Nacional en San Luis Potosí, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, reconoció que, a siete años del inicio de la llamada Cuarta Transformación, el problema de la inseguridad en el país no ha podido resolverse y continúa siendo un reto complejo, particularmente por el fortalecimiento de la delincuencia organizada.
La lideresa morenista señaló que, si bien la estrategia de seguridad ha logrado debilitar estructuras criminales, los resultados se encuentran todavía “a la mitad”, al advertir que los grupos delictivos se encuentran cada vez más organizados. Aun así, confió en que el trabajo encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, junto con el Gabinete de Seguridad y la Secretaría de la Defensa Nacional, permita avanzar hacia un país más seguro y con mayor bienestar social.
Rodríguez Velázquez subrayó que, a diferencia de administraciones anteriores, actualmente existe mayor transparencia en la información sobre hechos delictivos, al afirmar que “sí se informa lo que pasa”, aunque reconoció que la problemática dista de estar resuelta.
Estas declaraciones contrastan con lo expuesto por el Gobierno Federal el pasado 8 de enero durante la conferencia matutina, donde se destacó una reducción histórica en casi todos los delitos de alto impacto. De acuerdo con la presidenta de la República, 2025 fue el año con menos víctimas de homicidio en la última década, además de registrarse disminuciones de entre 15 y 20 por ciento en delitos como feminicidios y robos con violencia.
Sin embargo, el panorama cambia en materia de desapariciones. Cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas indican que durante el primer año del actual Gobierno Federal se acumularon 14 mil 072 personas desaparecidas y no localizadas, lo que representa un incremento del 20 por ciento respecto al año anterior y más del doble de los casos registrados en 2019.
A este contexto se suma la suspensión de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada implementada en el sexenio previo, luego de detectarse irregularidades como falsificación de firmas, pérdida de cuestionarios y eliminación de nombres del registro oficial, lo que ha generado cuestionamientos sobre la capacidad institucional para atender el fenómeno de las desapariciones en el país.
