Entre 2021 y 2024, al menos 28 personas cuidadoras fallecieron en San Luis Potosí mientras sostenían, sin apoyo del Estado, la responsabilidad de cuidar a una persona en condición de vulnerabilidad. A estas muertes se suman 52 intentos de suicidio y tres intentos de homicidio-suicidio, cifras que evidencian el impacto extremo que el cuidado no reconocido ni acompañado tiene en la salud física y mental de quienes lo ejercen.
Los datos fueron documentados por el Colectivo Cuidadoras Potosinas, organización que acompaña a personas que asumen labores de cuidado permanente de familiares con discapacidad, enfermedades crónicas, adultas mayores o menores con necesidades especiales.
De acuerdo con Mariana Hernández Noriega, representante del colectivo, las muertes no ocurrieron como hechos aislados, sino como consecuencia directa de un sistema que descarga la responsabilidad del cuidado en las familias —principalmente en mujeres— sin generar políticas públicas de respaldo. Explicó que el cuidado prolongado, la pérdida del empleo, el deterioro de la salud física y emocional, así como la ausencia de redes institucionales, empujan a muchas personas cuidadoras a escenarios límite.
“El cuidado se vive en soledad, con cansancio extremo y con la sensación constante de que tu vida vale menos que la de la persona a la que cuidas. Hay quienes dejan de atender su propia salud, quienes pierden su ingreso y quienes llegan a pensar que no hay salida”, explicó.
Actualmente, el Colectivo Cuidadoras Potosinas está integrado por 820 mujeres y 25 hombres cuidadores; sin embargo, Hernández Noriega subrayó que estas cifras apenas reflejan una parte del problema, ya que miles de personas realizan labores de cuidado sin ningún tipo de acompañamiento, visibilidad o respaldo institucional.
La representante del colectivo enfatizó que el cuidado no puede seguir siendo entendido como una responsabilidad privada o un acto de sacrificio individual, sino como una función social que debe ser reconocida, regulada y apoyada desde el ámbito público.
Finalmente, reiteró que el reconocimiento del derecho al cuidado y de quienes cuidan debe traducirse en políticas públicas concretas, como apoyos económicos, atención psicológica, acceso a servicios de salud, esquemas de descanso y mecanismos que permitan a las personas cuidadoras no perder su proyecto de vida mientras sostienen el de otros.
