El cargo de las y los 27 diputados locales de San Luis Potosí quedó en riesgo luego de que el Juzgado Tercero de Distrito ordenó al Congreso del Estado notificar en un plazo máximo de tres días al Sistema Estatal Anticorrupción y al Instituto de Fiscalización Superior del Estado la instrucción derivada del juicio de revisión A.R.-91/2024 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para cancelar cualquier registro de sanción contra el exalcalde Xavier Nava Palacios.
El beneficio también se extiende a quienes integraron su Cabildo al no existir materia para juicio político. La autoridad federal declaró no cumplida la ejecutoria de amparo y exigió su acatamiento inmediato, con apercibimiento de imponer una multa de 230 UMAs y dar vista al Tribunal Colegiado del Noveno Circuito en caso de evasivas o incumplimiento, lo que podría culminar en la separación del cargo y consignación ante el Ministerio Público.
El mandato judicial precisa que la notificación y la cancelación de registros deben formalizarse a más tardar la noche del miércoles, y advierte que cualquier acto que no satisfaga plenamente la sentencia será considerado desacato.
La resolución —emitida en junio y ahora reiterada— beneficia a Francisco Xavier Nava, Víctor José Ángel, Alicia Nayeli Vázquez, Juan Antonio Salas, Frida Fernanda Rosas, Juan Daniel González, Dulce Karina Benavides, Alfredo Lujambio, Christian Iván Azuara, Verónica Rodríguez, Jaime Uriel Waldo, María Verónica Campillo, Ana Rosa Pineda, Eloy Franklin, Lidia Karina Zavala, Ángel Manuel Reyna, Alma Mireya Cerino y María Raquel Bárcena.
La advertencia abre la puerta a que, ante un posible nuevo incumplimiento, se promuevan prácticamente cualquier recurso jurídico para forzar la ejecución, incluyendo medidas que afectarían directamente la integración del Poder Legislativo potosino.
