Con tres votos a favor y dos en contra, la Sala Superior del Tribunal Electoralordenó al Comité Evaluador del Poder Judicial reactivar, en un plazo de 24 horas, la selección de candidatos a juzgadores.
Los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes coincidieron en que el juez primero de distrito en Michoacán se extralimitó en ordenar a los comités de evaluación de los tres poderes la suspensión de actividades, pues se ha insistido en que no tienen injerencia en asuntos electorales.
Además, argumentaron, se atenta contra los derechos político-electorales de quienes se inscribieron ante ese poder para competir por una candidatura a Ministro, juez o magistrado, y los deja en riesgo de no participar en la contienda.
Esto porque el 12 de febrero deben entregar las listas de candidatos al INE, y de no hacerlo no aparecerían en la boleta.
Los tres juzgadores también avalaron presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que investigue algún posible delito, y dio vista al Consejo de la Judicatura Federal para que tome acciones disciplinarias por su invasión competencial.
«No hay duda que este Tribunal es última instancia en materia electoral, y tampoco hay duda de que no podemos obedecer órdenes de autoridades incompetentes, menores también. No es la primera vez en la que ha pretendido un juez incompetente tener injerencia en las facultades de esta Sala», recriminó.
Argumentó que acudirán a la Fiscalía porque dicha sentencia es ilícita y retarda o entorpece maliciosamente la administración de justicia.
Los magistrados Fuentes y De la Mata argumentaron que la elección judicial se realizará, por lo que corresponde a todas las autoridades darle certeza, en lugar de ponerle trabas.
«Como Tribunal Electoral nos corresponde dotar de certeza y confiabilidad a la elección. Remover cualquier obstáculo que impida la materialización de los actos electorales que ordena la Constitución.
«La elección democrática de nuestras autoridades, incluyendo las jurisdiccionales, es un valor protegido por la Constitución y la Sala Superior tiene el mandato para garantizar que los procesos transcurran con normalidad y evitar que cualquier persona o autoridad que pretenda detener o paralizar el ejercicio de la vía democrática, pueda incidir negativamente», dijo Fuentes.
Mientras que los magistrados Reyes Rodríguez y Janine Otálora votaron en contra, al considerar que la sentencia era excesiva, y corresponde a la Suprema Corte de Justicia resolver la disputa competencial de dos órganos del Poder Judicial, en este caso un juez y la Sala Superior.
«Me parece importante, sí, proteger los derechos político-electorales y asumir la responsabilidad institucional que tiene este Tribunal, pero, por otro lado, me parece igualmente importante respetar los mecanismos de asignación de facultades y competencias que prevé el orden jurídico para resolver, inclusive, cuestiones de diferencias competenciales», indicó Reyes.
Otálora propuso exhortar a la Suprema Corte resolver a la brevedad si los jueces tienen o no competencia. Lo cual fue respaldado por tres de sus cuatro compañeros.
