Los partidos políticos luchan por mantener su financiamiento público con la reforma electoral, pero no logran disminuir las irregularidades que cometen en su gasto.
El Instituto Nacional Electoral (INE) analizará hoy imponer multas por 706.9 millones de pesos a los seis partidos nacionales y locales, por anomalías en las prerrogativas que recibieron en 2024.
La principal irregularidad es por no comprobar el destino de los recursos o demostrar que los servicios fueron reales y no reportaron en tiempo real sus gastos.
También contemplan abrir 51 procedimientos oficiosos, tanto de dirigencias nacionales como estatales, porque existen dudas sobre el origen o destino de los recursos, de las empresas contratadas y sobre la veracidad de la información.
Enviarán 50 casos al SAT y uno a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, por una aportación ilegal.
Sin embargo, el INE reconoce que las sanciones no han logrado un efecto inhibitorio o disuasivo, porque en lugar de disminuir las multas, van en aumento cada año.
El mayor castigo sería para el Partido del Trabajo (PT), pues se perfila una multa por 181.3 millones de pesos a la dirigencia nacional por las irregularidades detectadas, más 33.6 millones a sus sedes estatales.
Morena suma una multa por 84.8 millones; el PRI, por 112.1 millones; el PAN, por 85.6 millones; MC, por 43 millones, y el PVEM, por 40.3 millones.
Aunque entre los consejeros existe división por el castigo económico al PT, al que también reclaman entregar 83.7 millones de pesos a varias personas físicas, sin comprobar que los servicios que pagó fueran reales, por lo que también se dará vista al SAT.
Por ejemplo, la dirigencia nacional entregó 41.4 millones de pesos a supuestos líderes en los estados por concepto de «gastos de viáticos y de viaje», pero no demostró que dichos traslados fueran reales.
El argumento del partido es que sesionan cada miércoles, y los dirigentes se hospedan de uno a tres días en la Ciudad de México.
De manera adicional, omitió comprobar 26.6 millones de pesos que afirma que usaron para servicios generales, por lo que la sanción sería por una cantidad similar.
Otra irregularidad es que gastó 39.1 millones de pesos en servicios que no tienen que ver con el partido, así que el INE propone que reponga esos recursos.
El Unidad de Fiscalización también demanda aplicarle otra sanción por 26 millones de pesos porque no presentó 57 comprobantes fiscales por 17.6 millones, y lo mismo sucedió con 13.7 millones en hospedaje y alimentos, por lo que existe la sospecha de que sean gastos ficticios.
En el caso de Morena, la sanción más alta será por 20.5 millones de pesos, por no entregar el porcentaje mínimo de su financiamiento público de 2024 a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, que ascendía a 13.7 millones de pesos.
De los 14 procedimientos oficiosos, dos son por 53 millones de pesos, porque pudieron favorecer a algunos candidatos y evitar rebasar los gastos de campaña, y otro es por contratar a Grupo Prisur, empresa «sospechosa».
El INE tiene pendiente otro procedimiento contra la dirigencia morenista porque pagó a ese proveedor 42 millones de pesos por propaganda utilitaria en 2024, pese a no dedicarse a eso y parecía que el partido «la mantenía».
Mientras que al PRI le abrirán una investigación porque afirma que pagó 35 millones a dos proveedores por el servicio de «investigación de mercado», pero no demostró que esto realmente se realizó.
El PAN afirmó que destinó 4.4 millones de pesos a gastos generales, pero no demostró qué servicio adquirió.
