La Magistrada Janine Otálora propondrá hoy que la reelección de Alejandro «Alito» Moreno al frente del PRI, derivada de una reforma en los estatutos del tricolor, quede invalidada.
La propuesta, que será presentada ante el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), plantea confirmar la decisión del INE de no pronunciarse como la validez de las modificaciones a los documentos básicos priistas, y con ello dejar sin efectos todos sus actos.
Esa reforma permitió la reelección del dirigente priista por cuatro años más.
Este proyecto de sentencia requiere el voto de al menos tres magistrados, y en las últimas votaciones del pleno del TEPJF han estado dominadas por el bloque integrado por la presidenta Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, quienes no han respaldado polémicas propuestas de resolución de Otálora.
El 12 de septiembre, con siete votos a favor y cuatro en contra, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) invalidó los estatutos del PRI, por lo que, en los hechos, quedó anulada la reelección de la dirigencia nacional.
Los consejeros advirtieron que el PRI reformó sus documentos básicos dentro del proceso electoral, lo que está prohibido en la Ley General de Partidos Políticos, por lo que el tricolor impugnó dicha decisión ante la Sala Superior.
Otálora da la razón al INE, al considerar que las reformas a los estatutos están prohibidas durante todo el proceso electoral, y el tricolor inició la renovación días después de la elección, cuando todavía faltaba la etapa impugnativa, la calificación del proceso y la distribución de diputaciones y senadurías.
«Quedó acreditado que la modificación a los documentos básicos del Partido Revolucionario Institucional contraviene una disposición legal, sin que para ello resulte necesario acreditar alguna afectación a un derecho de la militancia o una afectación material en específico», señala.
En su impugnación, el PRI alegó que había un antecedente de Morena, en el que la Sala Superior le permitió renovar sus documentos, cuando aún no concluía el proceso electoral, sin embargo, la magistrada desestima el argumento.
«Por lo que hace al precedente SUP-JDC-6/2019, el cual prevé un supuesto de excepción que el partido actor considera le resultaba aplicable y que al no haberlo tomado en consideración se generó una afectación al principio de confianza legítima, esta Sala Superior considera que como lo determinó la autoridad responsable, dicho supuesto de excepción no le resultaba aplicable», informó.
Por ello, Otálora a sus compañeros: «Se confirma el acuerdo controvertido, en lo que fue materia de impugnación».
Pero en su proyecto, la magistrada no advierte cuáles serán las consecuencias.
El pasado 12 de septiembre, los consejeros afirmaron que si el TEPJF confirmaba su rechazo a la reforma a los estatutos, se mantenía vigente el acuerdo del propio PRI de 2023 en el que dio 60 días hábiles a la dirigencia nacional, una vez que la Sala Superior resolviera la última impugnación al Congreso, para renovar la Presidencia y Secretaría General, es decir, hasta el 20 de noviembre, o, en su caso, reponer la Asamblea para modificar sus estatutos.
