Una familia de misioneros de Ciudad Juárez, Chihuahua, que viajaba en el Tren Interoceánico que se descarriló el pasado 28 de diciembre, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por las lesiones sufridas.
En su escrito, presentado por sus abogados en la delegación metropolitana de la Ciudad de México, la familia pide, además, que se investiguen los delitos de abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones.
La familia afectada está conformada por Juan Manuel Iglesias López, su esposa Flor del Carmen Temich Sinta y Alexis Iglesias Temich, quienes viajaban en el vagón que cayó al fondo de un barranco.
Conectado vía telefónica a la conferencia que ofrecieron los abogados a las afueras de la FGR, Juan Manuel dijo que la denuncian la presentan porque quieren que se esclarezcan los hechos y se castigue a los responsables del descarrilamiento.
«Esta demanda es para llegar hasta las últimas consecuencias de aquellos que colaboradores, aquellos gobiernos que no hicieron su trabajo. Entonces, es por eso la demanda», afirmó.
«Más allá de la ayuda del gobierno, el apoyo económico de del gobierno federal, no queda ahí. Hay afectados que hoy no están en casa, hay familiares que esperaban pasar la la Navidad y hoy no están».
La denuncia, explicó el abogado Adrián Arellano, es contra los funcionarios públicos que no supervisaron correctamente la construcción y rehabilitación del proyecto ferroviario y contra las empresas contratistas que fueron omisas.
Las empresas, detalló, son COMSA Infraestructuras, Grupo Constructor Diamante y Daniferrotools que ya fueron señaladas por la Auditoría Superior de la Federación de que no existe evidencia de que realizaron los trabajos para los cuales fueron contratadas.
«El delito de abuso de autoridad se señala de manera preliminar. Al final del día, la Fiscalía General podrá advertir si esta configuración se actualiza, derivado de que no existe una supervisión en los contratos, de que esos contratos se dieron sin advertir, efectivamente, todo este trabajo realizado, y porque la Auditoría Superior es muy clara, señala que no existe evidencia de los servicios contratados.
«En consecuencia, aquí, evidentemente, debe haber un esclarecimiento de qué fue lo que pasó», expuso.
