Padres de los jóvenes fallecidos en el accidente ocurrido en el antro Rich el 7 de junio de 2024 interpusieron un amparo en contra del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, debido a que —aseguran— la administración estatal mantiene oculta información clave sobre posibles responsabilidades de sus propios funcionarios en torno al funcionamiento del establecimiento.
El Poder Judicial de la Federación admitió la demanda y ya ha iniciado el expediente correspondiente.
De acuerdo con los denunciantes, las autoridades estatales han centrado sus señalamientos únicamente en funcionarios del Ayuntamiento de la capital, omitiendo entregar datos sobre posibles omisiones, negligencia o participación directa de servidores públicos estatales.
Juan Ramón Infante Guerrero, padre de Manuel Alejandro Infante Puente, estudiante de la Escuela Bancaria y Comercial y una de las víctimas del accidente, explicó que si bien el gobierno estatal ha entregado “informes justificados”, estos resultan incompletos y no mencionan ni detallan la actuación de funcionarios estatalesinvolucrados en el caso.
“La base del juicio es que los propios funcionarios estatales no hicieron nada para evitar las condiciones que generaron el accidente”, afirmó.
Además, Infante Guerrero acusó que los litigantes del gobierno estatal han intentado deslindarse de cualquier responsabilidad, señalando exclusivamente al Ayuntamiento capitalino, sin abordar la parte que les corresponde. Por esta razón, los familiares solicitaron de manera formal la entrega del expediente completo, ya que el documento presentado carece de los elementos necesarios y oculta información relevante.
El amparo representa un nuevo capítulo en la exigencia de justicia por parte de las familias, que han denunciado falta de transparencia y evasión de responsabilidades institucionales tras la tragedia ocurrida en el centro nocturno.
