Las bancadas del PAN en el Senado y Cámara de Diputados ratificaron su rechazo a la «farsa» que representa la reforma electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum al señalar que sólo busca perpetuar a la 4T en el poder.
Por voz del senador Ricardo Anaya, el grupo parlamentario censuró el hecho de que la iniciativa no contenga un apartado para castigar el financiamiento del narcotráfico a partidos, políticos y campañas proselitistas.
«Finalmente llegó la dichosa iniciativa y, como era de esperarse, pues Morena se resiste a sancionar con la pérdida del registro a los partidos y a los candidatos que reciban dinero de los narcotraficantes, que reciban dinero del crimen organizado«, resumió.
El ex candidato presidencial se quejó en entrevista de que la iniciativa no contenga, ni siquiera, las palabras «crimen organizado», pues esto supondría un pacto con el partido oficialista.
«Lo que esto a nosotros nos confirma es que Morena no quiere romper sus vínculos, no quiere romper sus relaciones con los criminales y quieren seguir dejando abierta la puerta para que les apoyen en las campañas, para que aporten dinero, para que impulsen a sus candidatos.
«Después de haber leído la iniciativa, en el PAN nuestra postura es ir absolutamente en contra por esa razón: porque Morena no quiere establecer que los partidos que reciban dinero del crimen organizado pierdan su registro».
El legislador aseveró que, al no ser considerada su exigencia, su grupo parlamentario no apoyará la iniciativa.
«Esa era nuestra exigencia, no lo cumplieron, no vamos a apoyar bajo ninguna circunstancia esta farsa de reforma, que no atiende el problema central».
En tanto, la bancada del PAN en la Cámara de Diputados acusó que el régimen busca afianzar al partido gobernante en el poder.
Elías Lixa, coordinador de la fracción blanquiazul, rechazó que la propuesta promueva el voto informado, ni la austeridad o cambios en el método de elección proporcional, sino que se trata de nuevas estrategias del oficialismo para perpetuarse.
«Esta es una propuesta que no promueve el voto informado de la ciudadanía, esta no se trata de una discusión como lo han querido vender de financiamiento, de representación proporcional, se trata del ensanchamiento de un régimen que ávido de encontrar nuevas estrategias para permanecer en el poder aun cuando la gente quiera sacarlos, manda esta iniciativa sin ningún tipo de diálogo», declaró en conferencia de prensa.
Lixa criticó que el proyecto de carácter constitucional contiene referencias a legislaciones secundarias; sin embargo, éstas no fueron incluidas en el mismo paquete.
Desde su perspectiva, esto responde a una estrategia para conseguir mayoría calificada y, posteriormente, avalar las secundarias sin necesidad de negociar con ninguna fuerza política, incluidos sus aliados que por anticipado se han rehusado a acompañar la propuesta.
«Mandaron una reforma constitucional que multialude a reformas secundarias, pero no mandan la secundaria, sabiendo que necesitan votos para construir mayoría calificada en la constitucional, pero que al día siguiente no necesitarían absolutamente a nadie, no vamos a acompañar este tipo de simulación, no vamos a validar una reforma que nada más busca crecer el poder de los gobernantes en turno y no disminuir el poder del crimen organizado», señaló.
Por otro lado, resaltó que además de ser un proyecto que nació de reuniones a «lo oscurito», sin consenso de todas las fuerzas políticas, tampoco da respuesta a las principales exigencias ciudadanas para mejorar los procesos electorales.
En ese sentido, criticó que el documento no incluya sanciones ante injerencias del crimen organizado en los procesos electorales y financiamiento ilícito de campañas.
Piden cuentas a Pablo Gómez
Tras denunciar búsqueda de consensos a puerta cerrada, los diputados federales del PAN, Federico Döring Casar y César Damián Retes, presentaron una solicitud a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y a la Mesa Directiva de San Lázaro para transparentar los recursos y actividades ejercidas por la Comisión redactora del Ejecutivo, que encabeza Pablo Gómez.
La solicitud, dirigida a Raquel Buenrostro Sánchez, demanda información detallada sobre las actas de las sesiones, reportes de los foros, encuestas metodológicas y el listado de remuneraciones de los servidores públicos que participaron en la Comisión.
En tanto que, la misiva dirigida a Kenia López Rabadán, llama a que -en el ejercicio de sus funciones- pida a la Presidenta Claudia Sheinbaum adjuntar un informe pormenorizado de las actividades de la Comisión.
Döring detalló a la prensa que el objetivo es conocer cuánto le ha costado al erario el sueldo de Gómez desde agosto pasado, toda vez que la iniciativa nació bajo el argumento de ahorrar.
«Exigimos toda la información documental presupuestal del tiempo perdido por Pablo Gómez en la manufactura de la iniciativa.
«El argumento de Morena es que hay que saber cómo se puede abaratar la democracia, bueno, si les queda un gramo de decencia van a empezar por decirnos cuánto nos ha costado el inútil de Pablo Gómez desde agosto, cuánto cobró, cuánto gastó en los foros, queremos las minutas, las propuestas, absolutamente todo lo que los ciudadanos supuestamente fueron a proponer y aportar, y lo estamos exigiendo por escrito», señaló.
