El rechazo al aumento de la tarifa del transporte urbano en SLP fue manifestado por el Colectivo Praxis Combativa, luego de que el costo del pasaje en la Zona Metropolitana se incrementara de 12.50 a 13.50 pesos. La organización calificó la decisión como arbitraria, injusta e ilegal, al considerar que vulnera directamente la economía de las personas usuarias del transporte público.
En un posicionamiento público, el colectivo acusó al Gobierno del Estado de violar la Ley de Transporte Público al autorizar un ajuste que, a su juicio, rebasa los límites establecidos en la legislación vigente. De acuerdo con su interpretación, el Artículo 94 señala que los incrementos a la tarifa deben ser proporcionales a la inflación anual, la cual, indicaron, cerró el año 2025 en 3.69 por ciento. Bajo ese criterio, señalaron que el aumento permitido no debía superar los 46 centavos, por lo que la tarifa autorizada implicaría más del doble de lo legalmente establecido.
La organización sostuvo que el ajuste carece de sustento técnico, ya que representa un incremento cercano al 8 por ciento, cifra que, afirmaron, no corresponde con los indicadores económicos actuales. En ese sentido, consideraron que la decisión responde más a acuerdos políticos con los concesionarios del transporte que a una evaluación objetiva de las condiciones de movilidad en la zona metropolitana.
Praxis Combativa señaló además que el sector transportista no cumple con los requisitos mínimos para justificar un aumento en la tarifa. Entre las irregularidades mencionadas se encuentran la operación de unidades con antigüedad rebasada, la ausencia de mejoras visibles en materia de seguridad y la falta de un trato adecuado a las personas usuarias. El colectivo subrayó que la normativa establece que cualquier ajuste tarifario debe estar acompañado de mejoras en el servicio, situación que, afirmaron, no se ha materializado.
Ante este escenario, el colectivo exigió la revocación inmediata del aumento y la aplicación de una tarifa máxima de 13 pesos. Asimismo, solicitó la transparencia del dictamen mediante el cual se avaló el ajuste, así como la publicación de las listas oficiales de unidades que no cumplen con los estándares establecidos por la autoridad.
Finalmente, el posicionamiento incluyó un llamado a la ciudadanía a movilizarse contra el incremento, iniciar acciones legales y promover un amparo colectivo. La organización invitó de manera específica a las personas usuarias del sistema de prepago a sumarse a los procesos jurídicos. El rechazo al aumento de la tarifa del transporte urbano en SLP concluyó con un llamado a la defensa de un transporte público digno, seguro y accesible, y a no permitir lo que calificaron como una imposición irregular.
