Un mes de negociaciones y más de veinte reuniones en la Secretaría de Gobernación no han logrado destrabar las diferencias entre Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) sobre la fórmula para elegir a los diputados de Representación Proporcional, conocidos como plurinominales.
Aunque ya existe acuerdo para mantener los 200 diputados plurinominales (además de los 300 de mayoría relativa), persiste el desacuerdo sobre el método de designación. Actualmente, los candidatos surgen de listas cerradas confeccionadas por las dirigencias partidistas, esquema que la presidenta Claudia Sheinbaum busca modificar para que la ciudadanía intervenga de forma directa en su elección.
La mandataria ha reiterado que su propuesta mantiene la representación de minorías, pero plantea que quienes aspiren a diputaciones o senadurías busquen el voto popular. Entre las alternativas discutidas se encuentra la creación de una lista nacional abierta donde los candidatos hagan campaña y accedan al Congreso quienes obtengan más votos dentro de cada partido. Otra opción contempla que los aspirantes que pierdan en distritos, pero registren alta votación, integren las listas plurinominales.
Sin embargo, PVEM y PT han rechazado estas propuestas al considerar que los partidos deben conservar espacios asegurados en cada Legislatura. Argumentan que los dirigentes no pueden encabezar campañas y simultáneamente dirigir la estrategia partidista.
Para que la reforma constitucional prospere, Morena requiere del respaldo de sus aliados. En la Cámara de Diputados necesita los votos del Verde y el PT para alcanzar la mayoría calificada de 335 sufragios; mientras que en el Senado depende de sus bancadas para llegar a los 85 votos necesarios.
Ante la falta de consenso, el tema de la Representación Proporcional fue nuevamente “encorchetado” en la más reciente reunión, mientras avanzan en otros puntos de la reforma, entre ellos la reestructuración del Instituto Nacional Electoral (INE), modificaciones a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), ajustes en democracia participativa, facilidades para el registro de partidos, cambios en tiempos de radio y televisión, voto en el extranjero, regulación de propaganda electoral, calendarización de la elección judicial y fortalecimiento de la fiscalización del financiamiento político.
Las negociaciones continuarán la próxima semana, fuera del plazo originalmente planteado por la presidenta. De no alcanzarse un acuerdo en febrero, los tiempos legislativos se acortarán para que la reforma pueda aprobarse antes de mayo, fecha límite para que aplique en el proceso electoral de 2027.
