La aplicación de la reforma al Código Penal de San Luis Potosí que sanciona el uso indebido de Inteligencia Artificial (IA) corresponde a la Fiscalía General del Estado (FGE), mientras la norma continúa vigente pese a estar impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Así lo señalaron diputados del Congreso del Estado, quienes defendieron que la reforma únicamente establece el marco legal y que corresponde a las autoridades ministeriales y judiciales determinar su aplicación en casos concretos.
El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Héctor Serrano Cortés, explicó que el tipo penal aprobado contempla sanciones contra el uso de inteligencia artificial para alterar imágenes, audios o videos con el objetivo de modificar hechos o generar desinformación.
Indicó que será el Ministerio Público quien integre las investigaciones y determine si existen elementos para judicializar los casos, mientras que los jueces definirán la existencia o no de responsabilidad penal.
Serrano Cortés subrayó que la legislación permanece vigente mientras la SCJN no emita una resolución definitiva sobre la acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH.
El legislador evitó precisar cuáles serán los criterios para interpretar conceptos como “alarma social” o los parámetros para medir el impacto de contenidos manipulados, al señalar que dependerán del análisis particular de cada asunto y de las autoridades encargadas de resolverlos.
Asimismo, sostuvo que el Congreso tomó en cuenta la protección a la libertad de expresión al momento de aprobar la reforma, aunque afirmó que la interpretación jurídica corresponde a otras instancias.
Por su parte, el diputado de Morena, Carlos Arreola Mallol, respaldó la regulación del uso de inteligencia artificial en casos relacionados con manipulación de contenido con fines sexuales, daño a terceros o afectaciones al orden público.
El legislador también pidió a la Fiscalía General del Estado aclarar si existen investigaciones relacionadas con una presunta lista de personas bajo indagatoria derivada de esta legislación.
Arreola Mallol aseguró que la bancada de Morena no tiene conocimiento de expedientes ni de órdenes de aprehensión vinculadas con esos casos y afirmó que la información difundida hasta ahora proviene de filtraciones no confirmadas oficialmente.
Añadió que el Congreso mantiene abierto el análisis sobre la regulación de inteligencia artificial y reiteró que la reforma contempla excepciones relacionadas con sátira política, crítica pública y ejercicio periodístico.
La discusión sobre la llamada “Ley Serrano” ha generado críticas y preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y libertad de expresión, que advierten posibles riesgos de uso discrecional contra periodistas, comunicadores y creadores de contenido.
