Una iniciativa que modifica la forma en que el Congreso del Estado de San Luis Potosí calcula la mayoría calificada avanza en fast track dentro del Poder Legislativo.
La propuesta plantea que las decisiones que requieren dos terceras partes se determinen con base en los votos emitidos y no sobre el total de diputados o los legisladores presentes en la sesión, un cambio que podría reducir el número real de votos necesarios para aprobar resoluciones clave.
La iniciativa fue presentada el martes 2 de marzo por el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Luis Felipe Castro Barrón, y ya se perfila para votarse en comisiones unidas este jueves, con la intención de que llegue al pleno el próximo martes.
Desde su presentación, la propuesta recibió el respaldo de legisladores del bloque oficialista integrado por diputados del PVEM, Partido del Trabajo, Partido Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, fuerzas que han votado de manera coincidente en el actual Congreso.
Entre quienes respaldan la iniciativa se encuentra la diputada María Aranzazu Puente, quien recientemente renunció al Partido Acción Nacional para incorporarse a la bancada del Partido Verde.
Actualmente, la Constitución estatal utiliza diferentes criterios para calcular la mayoría calificada, como dos terceras partes del total de diputados, de los presentes o de los integrantes del Congreso.
La iniciativa propone modificar la Constitución local, el reglamento y la ley orgánica para que todas las votaciones de este tipo se determinen con “las dos terceras partes de los votos emitidos”, es decir, contabilizando únicamente los votos a favor o en contra.
Según la exposición de motivos, el objetivo es evitar interpretaciones distintas y otorgar mayor certeza jurídica a las votaciones, además de impedir que las ausencias o abstenciones influyan en el resultado de las decisiones legislativas.
El cambio impactaría resoluciones de alto peso institucional, como el nombramiento del Fiscal General, la designación del Auditor Superior, la autorización de deuda pública estatal, la suspensión de ayuntamientos o las reformas a la Constitución local.
El dictamen también contempla una modificación al Reglamento del Congreso que establece que cuando un dictamen obtenga mayoría de votos en contra será desechado automáticamente y archivado como asunto concluido, sin regresar a comisiones para una nueva revisión.
Hasta ahora, cuando una iniciativa no alcanzaba los votos necesarios, el pleno podía decidir devolverla a comisión para reformularla y reabrir el debate.
Reforma deberá ser ratificada por ayuntamientos
En caso de aprobarse en el pleno del Congreso, la reforma constitucional aún deberá ser ratificada por la mayoría de los ayuntamientos del estado para entrar en vigor.
No obstante, si se confirma el calendario legislativo previsto, la iniciativa presentada esta semana podría quedar aprobada por el Legislativo potosino en menos de siete días.
